Los otros juicios que lastimarían el patrimonio provincial

Sociedad

Los litigios llevados a cabo por jueces y funcionarios, que se encuentra esperando solo el guiño de la Corte Suprema de Justicia (con el que se equiparan los sueldos con la justicia Federal), darían otro golpe a las arcas provinciales. Si bien aún el tema no está metido de lleno en la agenda, es algo que preocupa al ejecutivo y otra adversidad que deberá sortear el gobernador electo Domingo Peppo.
Esta semana se armó un revuelo entre el ejecutivo provincial y la justicia chaqueña, motivados por el Embargo contra los bienes que determinó la Cámara de Apelaciones en lo Civil, ratificando un fallo de primera instancia.
En el mismo, un grupo de trabajadores de la justicia pidió se embargue parte de la coparticipación provincial para pagar los montos recaídos por el juicio derivado de la «ley de enganche», donde más de 1500 judiciales esperan cobrar millonarias sumas que ascienden a 1600 millones de pesos.
La respuesta del oficialismo fue contundente: reconocen el derecho de los judiciales de cobrar lo que les corresponde, pero consideran que este no es el camino. Es más, le achacan responsabilidad el cuerpo de ministros del STJ, quienes son «quienes iniciaron este conflicto, y los que deben responder por el mismo».

JUICIO DE JUECES
Lo que aún no sale a escena, pero que seguramente sucederá en un tiempo cercano, es que hay otro juicio millonario, que está en el último tramo para quedar completamente firme, que demandará muchísimo dinero, lastimando nuevamente la caja provincial.
Se trata de la presentación hecha por los jueces y funcionarios provinciales -generado en la gestión de Capitanich-. Se trata de más de 200 litigios cuya apelación se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, donde se fija posición respecto al sueldo de los jueces, que no puede ser menor de la media nacional.
Sin embargo, esta resolución equipara los sueldos no con la media nacional perseguida, sino que se nivela con el sueldo de la Justicia federal. Es decir, el promedio de sueldo de un juez provincial es de $35.000, mientras que el de la justicia federal es de casi $100.000. Montos impensados para el Chaco, pero que de concretarse demandará una ingeniería financiera titánica para afrontar estos montos.
CAPITANICH TIRÓ LA PELOTA EN
EL CAMPO DE DOMINGO PEPPO

En medio de estos conflictos, el gobernador Jorge Capitanich se refirió a la grave situación que representan los embargos de las cuentas públicas trabados a instancias de trabajadores judiciales que demandan el cumplimiento de la sentencia que ordenó a la Provincia pagarles el desfasaje de haberes generado a partir de aquella resolución del Superior Tribunal de Justicia, de 1991, que burló la ley de enganche.

En los últimos días, el fiscal de Estado, Jorge Alcántara, había advertido sobre las consecuencias de los embargos sobre las cuentas de la Provincia que, incluso, podrían evitar impedir hacer frente a los salarios. Por su parte, el titular del bloque de diputados justicialistas, Ricardo Sánchez, alertó que la situación podría convertirse en una bomba de tiempo que «terminará explotándole a Peppo”, en referencia a las dificultades que podría enfrentar el electo gobernador: «Peppo podría sentarse en la Gobernación el 10 de diciembre y enterarse de que no tiene recursos para gobernar”, había graficado.

La preocupación radica en que la concatenación de embargos, que ya rondaría los 110 millones de pesos, muchos de los cuales ya fueron ejecutados, podría alcanzar a los 2 mil millones en que consistiría la suma de todas las demandas.

Ahora, Capitanich dijo que es imprescindible establecer un mecanismo para hacer frente a obligaciones como ésta, pero aclaró que la cuestión compete ya a la próxima gestión, que encabezará Domingo Peppo. «Tendrá que afrontar esta demanda que no es responsabilidad de mi administración”, dijo, y recordó que durante su gestión se logró una reducción de más de 4 mil millones de pesos de la deuda del Estado provincial y que, más allá de lo convenido para la realización de grandes obras de infraestructura como el segundo acueducto del interior, su gobierno no contrajo deuda. «Esta deuda tendrá que ser afrontada por la próxima gestión”, repitió.

Habrá que ver si Capitanich tiene el mismo discurso respecto a los juicios de los jueces, que sí fue generado durante su gestión.