El presidente del Bloque del Partido Justicialista, Ricardo Sánchez, expresó su rotundo rechazo al millonario embargo sobre las cuentas públicas decidido por la Justicia, destinado al pago de demandas impulsadas por jueces, funcionarios y trabajadores judiciales chaqueños por la violación de la denominada “ley de enganche”.
Aunque admitió que “es un derecho que tienen los actores”, entendió que en la disposición “existe una clara violación a las normas establecidas para el manejo de fondos públicos”, lo que incluso podría representar serios condicionamientos a la gestión de Domingo Peppo que comenzará el 10 de diciembre.
El jefe de la bancada justicialista remarcó que ésta es una de las cuestiones más trascendentes para analizar con las autoridades electas que asumirán poco antes de fin de año. “En estos embargos judiciales estamos observando una avanzada por aquel viejo pleito judicial que incluye a 1532 actores, cada uno de ellos con demandas millonarias”. “Este tema hay que conversarlo porque, particularmente, no estoy de acuerdo en cómo se dio el procedimiento de incautación de fondos públicos, que es absolutamente violatorio de todas las disposiciones legales”. “Hay 40 millones de pesos que se han embargado y dispuesto como si se trataran de fondos de particulares, con lo cual, es evidente que necesitaremos una respuesta institucional”, entendió y añadió: “Ahora están embargados 70 millones de pesos y si bien aún no se han dispuesto, siguiendo el procedimiento anterior, en poco tiempo se estarían librando las acreditaciones como si se trataran de fondos privados”.
En este marco, Sánchez reiteró que “es una cuestión a analizar seriamente porque, por ejemplo, no es sostenible judicialmente que se embargue, por ejemplo, la cuenta del Segundo Acueducto del Interior, cuando sabemos que hay cientos de miles de chaqueños esperando por esta obra que les va a mejorar la calidad de vida”. “Este tipo de cosas hay que conversarlas con Domingo Peppo porque cuando se siente en el sillón de Casa de Gobierno el 10 de diciembre no tendrá uno sino muchos casos como este, lo que podría llegar a generar problemas importantes para la gestión”.
Finalmente, Sánchez refutó a quienes sostienen que estas disposiciones judiciales llegan como respuesta a la supuesta inacción por parte del Estado. “En la ley de Presupuesto 2016, que aún estamos trabajando, hay 200 millones de pesos destinados a esta cuestión, es decir que el Estado se ha expedido sobre el tema”. “Concuerdo con que es un derecho, pero es un problema que generó la propia Justicia”, aseveró y añadió: “Aquel mamarracho jurídico hoy lo terminamos pagando todos los chaqueños, porque con los millones que ya están embargados se podrían hacer muchas cosas en beneficio del pueblo”.
Sánchez admitió que “esos 200 millones no cubren todo el juicio”, pero destacó que “no se puede decir que el Estado se ha quedado de brazos cruzados”. “Hay violación de normas establecidas para el manejo de fondos públicos, y por eso este es uno de los principales temas que tenemos para analizar junto a Domingo Peppo”, dijo.
