Domingo Peppo, el fiscal de Estado Jorge Alcántara y el equipo económico del gobernador electo, realizaron una reunión con las autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, para evaluar soluciones viables para el pago que deberá encarar el Estado Provincial por las sentencias en numerosas causas por la ley de Enganche. Se baraja un combo de soluciones y también diferentes fuentes de donde provendrán los fondos. Todo será plasmado en un proyecto de ley que la legislatura debería tratar este año.
“Se habló de varias alternativas para conformar un mix de soluciones para distintos actores. Esta fue una primera reunión que Peppo realizó con nosotros, a la que seguirán otras reuniones con los trabajadores y los gremios, pero lo vemos con entusiasmo, como un signo muy positivo en la resolución de un tema que venía estancado y que ahora avanza”, dijo el presidente de la Asociación de Magistrados, Gustavo Serrano.
La solución al complejo escenario presupuestario buscará diversificarse en distintas alternativas de pago que tomarán en cuenta las urgencias de los demandantes, como la edad avanzada y casos de enfermedad, según adelantó Fernando Lavenás, vicepresidente de la Asociación de Magistrados. “Hay que tener en cuenta que algunos tienen que cobrar mucho, otros poco. La intención es ofrecer diferentes alternativas de pago entre las que los trabajadores podrán elegir”.
Los fondos podrían encontrar distintas fuentes. No se descarta la toma de crédito, como tampoco la posibilidad de que una parte de la erogación provenga de la coparticipación y del presupuesto provincial. “Pero este domingo tenemos elecciones, todavía no sabemos cuál va a ser el escenario en lo que respecta a Nación”, señaló Lavenás, por lo que son prematuras las definiciones en este sentido.
Los tiempos vienen apretados pero la intención del gobernador electo es diseñar un proyecto de ley para que la Legislatura trate este año. “Tiene que ser una normativa que contemple varias soluciones para distintos actores. Sabemos que la deuda es muy alta, todos tenemos conciencia de esto. También está claro que esto hay que pagarlo, de la mejor forma y tratar de satisfacer a todos, no es fácil. Necesitamos una normativa legislativa que contemple todas estas situaciones y dé seguridad jurídica a todos los actores. Y esto tiene que tratarse este año”, dijo Serrano.
