El macrismo ya tiene listos dos nuevos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que harán foco en dos temas muy sensibles para el mundo judicial: uno de ellos suspenderá la aplicación del Código Procesal de la Nación; el otro determinará que las escuchas judiciales ya no estarán bajo la órbita de la Procuración General, sino de la Corte Suprema.
Ambos anuncios fueron realizados este mediodía por el ministro Germán Garavano, durante el tradicional brinids de fin de año con la prensa que se realizó en el Ministerio de Justicia.
«Vamos a prorrogar la entrada en vigencia del Código Procesal, para coordinar con la Comisión Bicameral su puesta en marcha y diagramar en varios años su implementación», adelantó el funcionario del gobierno nacional al referirse a uno de los decretos que saldrán por Boletín Oficial en los próximos días.
El nuevo Código iba a comenzar a implementarse el 1 de marzo próximo en la Justicia nacional de la Capital Federal y prevé que las investigaciones penales estén a cargo de los fiscales. Fijaba, además, plazos para resolver las causas con la intención de agilizar los procesos.
A pesar de la suspensión, Garavano ratificó que el sistema acustorio que establece el nuevo Código es una política judicial que el Gobierno llevará adelante.
«Hubo una intencionalidad política de apurar el Código Procesal Penal de la Nación», sostuvo Garavano.
El ministro también adelantó que en el DNU se harán «correcciones en contrataciones» y en la organización del Ministerio Público Fiscal que encabeza la procuradora Alejandra Gils Carbó.
En cuanto a la resolución sobre las escuchas, el ministro de Justicia argumentó: «No tiene lógica que los fiscales estén a cargo, cuando son los jueces los únicos que pueden autorizarlas».
Las escuchas judiciales pasaron por ley aprobada por el Congreso de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la Procuración General, que creó el Departamento de Interceptación de Captación de las Comunicaciones (DICOM), a cargo de la fiscal Cristina Camaño, para llevar adelante las intervenciones telefónicas. El ministro señaló que el traspaso de las escuchas ya le fue anunciado al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Garavano señaló que estos dos decretos se tratan de «cuestiones de emergencia» y que en el futuro impulsarán proyectos de leyes para llevar adelante reformas judiciales.
El funcionario volvió a considerar que la procuradora Gils Carbó debería dejar su cargo. Y les pidió algo similar a los funcionarios judiciales identificados fuertemente con el kirchnerismo. «Deseamos que los jueces y fiscales que tuvieron un protagonismo excesivo con procesos binarios dieran un paso al costado», manifestó sobre el cierre del brindis con los representantes de los medios de comunicación cuando fue consultado sobre si el Gobierno quería la partida de otros jueces federales tras el anuncio de Norberto Oyarbide sobre su próxima jubilación.
Sobre el atentado a la AMIA, Garavano sostuvo que la posibilidad de impulsar el juicio en ausencia a los acusados es un tema que el Gobierno «está evaluando».
Garavano estuvo acompañado por parte de su gabinete: el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el secretario de Planificación estratégica, Mauricio Devoto; y el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares.
«Tenemos un plan de Justicia al 2020 alejada de las coyunturas políticas. Queremos un Poder Judicial transparente, cercano a la gente y que resuelva sus problemas», resumió Garavano el objetivo que buscará su gestión.
