Díficilmente, alguien que esté en sano juicio pueda contentarse porque otro pierda un trabajo. Sin embargo hay casos donde algunos celebran los despidos que se dieron en estas últimas semanas –cambio de gobierno mediante- Los consideran “ñoquis, acomodados, planeros” y otros tantos calificativos a través del cual omiten llamarlos trabajadores. Pero no se escucha que nadie pida que aquellos que contrataron a estas personas sean penados.
EDITORIAL
El primer cimbronazo que se dio en la nación fue en el senado, donde Gabriela Michetti dejó cesante casi 3000 empleados que habían sido contratados por Boudou. El argumento es que no trabajaban, que no cumplían con sus obligaciones, lo de siempre. La situación se replicó en otros estamentos del estado nacional, trasladándose a municipios que cambiaron de color partidario (Resistencia tuvo un conflicto similar, donde la justicia falló a favor de los trabajadores), y de a poco se va sintiendo en las provincias, donde los afectados son quienes tienen relación con planes nacionales.
Obviamente, esto deriva en conflictos de los trabajadores que reclaman volver a sus puestos de trabajo, ya que perder el mismo atenta contra la economía de su familia.
PENAS A FUNCIONARIOS
Sin embargo, cada vez que cambia un gobierno este es un tema común. En doce años no se habló mucho a nivel nacional de esto, porque no hubo modificaciones en el manejo del ejecutivo, pero sí se dio en provincias y municipios. No es nuevo.
Lo que no se entiende es porque no existen penas para aquellos funcionarios que contratan gente de más. Es decir, si Gómez fue contratado por Boudou para que sea su chofer, y Gómez no va a trabajar o no cumple con su tarea, el problema es del trabajador. Ahora, si Gómez no tiene un vehículo asignado, es uno más de una flota de 40 choferes, cumple con su horario de trabajo pero no maneja; ¿la culpa de quién es? ¿de Gómez, o de Boudou? Entonces, si claramente la culpa es del funcionario ¿Porqué el que paga el pato es el trabajador?
De una vez por todas, quienes deben penar por estos errores son los funcionarios que contratan gente de más, no la gente que sobra. Esa gente debe ser reinsertada en el esquema de trabajo y laborar. Ganarse el pan de cada día; no ser despedidos.
En la provincia hay muchos casos similares, donde las empresas prestatarias de servicios básicos tienen muchas personas en la cuerda floja y que difícilmente puedan ser sostenidas en el tiempo, a pesar de la continuidad del color político. El caso emblemático es la empresa que provee agua potable, donde siempre se habló de los contratos que manejó su presidente sin discreción, que hicieron que la planta de la empresa crezca notoriamente, generando un hueco económico muy difícil de llenar.
Aventuramos a decir que en un tiempo el problema va a saltar en esas empresas. Pero también aventuramos a decir que el pato lo pagarán los trabajadores, no los funcionarios que causaron el desfasaje.
LUGAR PARA OTROS
La respuesta de porqué se castiga dejando sin trabajo a las personas, y no castigando a los funcionarios es sencilla: los actuales quieren esos lugares para poner su gente. Michetti quiere esos lugares para hacer ingresar (de a poco) a personas con las que ella tienen compromisos, en los municipios lo mismo y en las provincias también.
Distinto es el caso de los programas nacionales, donde el actual gobierno tiene una mirada menos federal del caso, y quienes se vean perjudicados difícilmente sean reincorporados. Es decir, es una fuente de trabajo que se perderá en el tiempo.
La situación es compleja, pero de una vez por todas debe ponérsele el cascabel al gato. Un funcionario condenado por esto hará, al menos, pensar al resto antes de poner en riesgo las arcas públicas. Y que piensen un poco en el país ya sería una batalla ganada.
