El fiscal de Estado Jorge Alcántara tiró una bomba: en caso que no cesen los embargos de la justicia a la provincia, peligra el pago de haberes de enero programados desde el próximo jueves. Con esto, claramente, el funcionario busca tirarle la pelota al Poder Judicial y dejarlos como “los malos”. ¿Será tan así?
TN24 viene anticipando desde septiembre de 2015 un problema que el estado deberá afrontar de una u otra manera, y es el conflicto que mantienen los judiciales por el juicio del 113%. (ver https://tn24.com.ar/2015/10/la-camara-civil-confirmo-el-embargo-contra-la-provincia/ ó https://tn24.com.ar/2015/10/los-otros-juicios-lastimarian-el-patrimonio-provincial/).
Está claro que si un sector no es querido por el resto de la sociedad es el Judicial, por lo que el pago de juicios adeudados hace más de 20 años aparece como otra gran mancha que desatará la ira de los otros benefactores de las arcas provinciales. Y cada anuncio hecho por un funcionario del estado en esa sintonía es tomado de ese modo, como un ataque de los judiciales a la provincia.
En realidad, esto dista muchísimo de ser real. En primer lugar porque son más de 1500 los actores que esperan cobrar su juicio, muchos de ellos fallecieron –como el fiscal Müller- y solo un puñado trabó embargo contra la provincia (entre ellos la recientemente elegida Ministra del STJ, Emilia Valle).
Esta herramienta, guste o no, es válida. Los que tomaron esta determinación cuentan con sentencia firme y lo único que buscan con este paso es negociar el pago de algo que les corresponde, luego de luchar durante décadas y pasando todos los pasos judiciales posibles.
¿DE QUIEN ES LA CULPA?
Este juicio se generó porque ni bien arrancó la década del 90, los ministros del STJ de entonces tomaron la determinación de aumentarse el sueldo en un 113%. Solamente ellos. Es por eso que dentro de los litigantes se encuentran empleados, funcionarios judiciales y magistrados, porque todos quedaron afuera. Es más, los ministros quebrantaron la ley de Enganche, que es uno de los principales logros del sector.
En esa sintonía, los entonces ministros del STJ aparecen como responsables directos de esta “bomba” que está por explotarle a la actual gestión de gobierno.
Pero también son responsables Rolando Tagüinas, Ángel Rozas, Roy Nikisch y Jorge Milton Capitanich. Es más, la firmeza de los litigios se dio en la administración de éste último, que no hizo más que tirar la pelota para adelante hasta reconocer públicamente que este juicio será un problema que Peppo deberá resolver (http://www.diarioprimeralinea.com.ar/politica/2015/10/15/capitanich-dice-toca-peppo-idear-modo-afrontar-deuda-judiciales-21363.html).
Queda afuera de este grupo de conductores el actual gobernador, Domingo Peppo. En primer lugar porque no hace dos meses que asumió; pero fundamentalmente porque desde el inicio mismo de su gestión, y antes incluso, buscó una salida a este conflicto (ver https://tn24.com.ar/2015/12/peppo-estamos-mas-cerca-de-cumplir-con-los-trabajadores-judiciales/).
Una muestra de ello es el llamado público hecho el viernes para darle una solución a este conflicto (ver https://tn24.com.ar/2016/01/gobierno-convoco-judiciales-para-negociar-el-pago-de-deudas/), donde desde el ejecutivo provincial se convoca a reuniones para poner fin de una vez por todas a este conflicto.
¿PORQUE AHORA Y NO ANTES?
Los litigantes esperan ansiosos el cobro de su juicio por una razón clara: hace poco tiempo cuentan con sentencia firme, ya que año a año los gobernantes se encargaron para no afrontar este gran problema económico, que día a día se agranda en virtud de los intereses.
LA SALIDA
Desde el ejecutivo confiaron a TN24 que el pago de sueldos de la administración pública está asegurado (más allá de lo expuesto por Alcántara), pero que de continuar los embargos la cosa podría complicarse más de la cuenta.
La búsqueda de una salida a este conflicto se está dando. Como es de conocimiento reciente, el ejecutivo trabaja para llegar a buen puerto con este tema, buscando que los actores logren su cometido, pero sin perjudicar las arcas provinciales.
Lo cierto es que los judiciales que entablaron la demanda, en este caso, no son los malos de la película como se planteó en el título. Solo son un grupo de personas que reclaman su derecho como cualquiera que entabla una demanda y la gana. Habrá que mirar para otro lado a la hora de pensar quienes son los que realmente hicieron mal a la provincia.
