Así lo aseguró el fiscal de Estado Jorge Alcántara, quien bregó una vez más por el cese de embargos a fondos provinciales de parte de agentes de la justicia chaqueña que mantienen un litigio por la «Ley de Enganche». También Alcántara aseguró que peligra la prestación de servicios básicos y esenciales.
En los embargos a la Coparticipación, los judiciales encontraron la veta para cobrar lo que se les adeuda hace más de 25 años, más allá que hoy se transformen en «los malos de la película».
El fiscal de Estado Jorge Alcántara señaló que a partir de la Ley 7.751, que promulga la Emergencia Económica de la provincia, se dispuso por parte de los distintos juzgados intervinientes, la traba de embargos sobre fondos provinciales, provenientes de la Coparticipación federal. Asimismo, la normativa dispone el carácter de inembargable de esos ingresos coparticipables de naturaleza federal, de programas nacionales de naturaleza específica, de recaudación propia generada en rentas provinciales como así también de los recursos pertenecientes al Tesoro Provincial.
“Se solicitó en la totalidad de causas judiciales el levantamiento de medidas cautelares pero los resultados fueron infructuosos hasta ahora, ya que ninguno de los jueces intervinientes en Feria dispuso el levantamiento de medida alguna”, aseguró Alcántara, al tiempo que manifestó que “insistiremos a los jueces intervinientes que cumplan con la ley y hagan cesar en consecuencia los embargos dispuestos sobre fondos públicos”.
“Si esto no ocurre, el Estado Provincial podría verse seriamente comprometido en la prestación de servicios básicos y esenciales, como así también el pago de salarios a la administración pública en su conjunto; por lo que la protección de las arcas estatales no es una opción sino una obligación de innegociable cumplimiento”, enfatizó el fiscal de Estado.
