La supuesta connivencia carcelaria no alcanzó para los condenados por el triple crimen. Todo fue caos e improvisación desde su salida del penal. Una prueba caliente para el nuevo gobierno nacional.
Los disparos en el abdomen de un policía bonaerense de 22 años fueron el más obvio de los síntomas: Martín Lanatta, su hermano Cristian y Víctor Schillaci se habían quedado sin ideas. Era seguir corriendo o caer. Cuando abrieron fuego desde una camioneta negra sobre el oficial Fernando Pengsawath y su compañera Lucrecia Yudati el viernes último por la madrugada en la zona bonaerense de Ranchos, los condenados a cadena perpetua por la brutal autoría material del Triple Crimen de General Rodríguez revelaron no solo su ubicación precisa, sino su desesperación y su pérdida del control. Todo les había salido mal de la puerta del penal para afuera,
Su fuga el domingo pasado por la puerta 1 de la Unidad N°30 de General Alvear había dado pie a todo tipo de teorías conspirativas en charlas de café, en Twitter o en asientos traseros de taxis por todo el país; que tendrían padrinos que garantizarían su huída, recursos desde rincones negros del poder pasado u actual. Altas voces en el Ministerio de Seguridad bonaerense lanzaban a 48 horas del hecho que podrían haber cruzado tranquilamente a otro país, Paraguay quizás, como podría haber sido cualquier otro país limítrofe. El sistema fue lento, confirman figuras jerárquicas en las fuerzas policiales, lo que permitió una ventaja comparativa.
La huída ocurrió a las 2 AM; el pedido judicial de captura para el trío llegó entre 5 y 7 horas después, se quejaba una alta fuente ministerial el martes por la tarde. Algo más preocupante fue el comienzo de la apertura de celdas para triangular los celulares de los Lanatta y Schillaci, un ítem clave para la investigación que depende de la DICOM, la sede de las escuchas judiciales en Avenida de los Incas, traspasada por DNU esta semana a la Corte Suprema. La apertura comenzó recién a las 23 horas, el primer informe fue emitido dos horas después.
Hay quienes responsabilizan a las empresas de telefonía celular, por no tener personal listo para activar el sistema de inmediato. Pero las celdas telefónicas no pueden ser activadas sin un oficio librado por el juez de la causa: la ley, por ejemplo, establece que solo se puede intervenir una línea de oficio en casos de secuestros extorsivos con una vida en riesgo. Eso, confirma una voz que conoce por dentro la causa, llegó tarde también. Sin embargo, de cara a todo esto, los condenados por el Triple Crimen no lograron subirse a una avioneta para aterrizar en territorio guaraní: estaban, simplemente, girando por territorio bonaerense. O no planearon lo suficiente, o algo o alguien les falló.
Así, el trío se redujo a pedir favores a viejos conocidos. «La estrategia para apresarlos se basa en dos ejes: cerrar las vías de escape e identificar las figuras de apoyo», indicó un alto jefe policial había indicado a comienzos de esta semana, en una pesquisa a cargo de la Policía Bonaerense y el fiscal de Azul Cristian Citterio. Marcelo Melnyk, amigo íntimo de Víctor Schillaci, alias «Faraón», dueño de una pizzería en Quilmes pero también con una sorprendente quinta en Florencio Varela con una fuente de agua incluida y varios importantes vehículos en su haber, fue monitoreado por 24 horas antes de ser allanado: fue el sistema de celdas lo que llevó a la quinta.
Melnyk, se sospecha, les proveyó dinero y una camioneta, incluso armas, para seguir la fuga. Pero, por otra parte, un amigo de Melnyk que fue identificado terminó declarando en la causa: reconoció que el «Faraón» les había pedido una casa para refugiarlos. El mismo jefe policial apuntó el viernes por la mañana: «Esto da la pauta de que tienen pocos amigos y de que no tienen recursos. Si los tuviesen, estarían del otro lado del charco». Había lugares más familiares que otros. Su paso por la zona de Ranchos, que desembocó en un operativo cerrojo y en una búsqueda casa por casa entre galpones y gallineros, no fue casual: testigos indicaron a la Policía que Martín Lanatta frecuentaba los cotos de caza de la zona en el pasado como guía experto.
El trío no podía contar con sus parejas y ex parejas. Mónica Silva, la mujer de Víctor Schillaci, dio a luz por cesárea en una clínica quilmeña a una bebé, Isabella, a comienzos de esta semana. Su hermano Marcelo se encuentra preso en el penal de Olmos, también por el Triple Crimen en el sector de Sanidad como supo estarlo Víctor mismo, pero por motivos más concretos que su hermano: un grave cuadro de hepatitis C lo erosiona lentamente. Mariela Juncal, ex de Martín Lanatta, lo denunció en varios medios como un peligro ambulante y hasta expresó miedo por su vida y la de su familia.
El caso de Ana Laura Montiel, ex pareja de Martín Lanatta, fue acaso más ilustrativo. Apenas se enteró de la fuga, Montiel pidió una orden de restricción en su contra en la Comisaría de la Mujer en Quilmes. El miedo no era en vano: fuentes cercanas a la causa aseguraron que su ex ya la habría amenazado antes por formar una nueva pareja con un corredor de autos que se encargaba de llevarle a sus hijos de visita al penal de General Alvear.
Así, Cristian Lanatta se habría visto reducido a acudir a otro frente: su ex suegra, la madre de Montiel en una tranquila calle de Berazategui, según el relato de Montiel mismo y su abogada, Némesis Da Silva. Con la abuela de sus hijos, reconoció Da Silva, Lanatta no había tenido más que una relación normal, con la distancia clásica entre suegra y yerno. Aún así, le terminó pidiendo plata, supuestamente tres mil pesos a cuatro horas de haberse fugado el domingo, para días después robarle su camioneta Kangoo el jueves a las 17 horas con, increíblemente, 700 policías cazándolo por todo el territorio provincial. Pero, llamativamente, ni Montiel ni Da Silva pudieron dar una descripción acabada de ambos hechos en sus diversas entrevistas con la prensa, ni de la mecánica del robo de la Kangoo, si la camioneta estaba en una cochera o sobre la calle y si estaban Martín Lanatta y Schillaci presentes en el atraco. La sospecha, entonces, se vuelve obvia. Pocos en los pasillos ministeriales de La Plata, con Ritondo mismo incluído, están dispuestos a creer esta narrativa. ¿Fue la denuncia del robo de la camioneta una maniobra orquestada para despistar a las autoridades?
Hasta la tarde del sábado 2 de enero, las certezas eran pocas. Un comunicado del Ministerio de Seguridad bonaerense aseguró que se sumaban más efectivos de las cuatro fuerzas federales a la búsqueda. Fuentes de relevancia indicaban que los prófugos todavía estaban en territorio bonaerense, más precisamente en el sur del conurbano, que era solo cuestión de tiempo, que la nafta en algún momento se agotaría, que se trataba de apostar al desgaste.
Un hierro caliente en la cara
La fuga de los Lanatta y Schillaci fue, precisamente, un hierro caliente en la cara del nuevo gobierno provincial de Cambiemos. El martes por la tarde hizo falta una demostración de fuerza ante el desafío a poco más de diez días de asumir: la gobernadora María Eugenia Vidal lanzó una conferencia de prensa en La Plata junto al ministro de Justicia Carlos Mahiques -de quien depende el Servicio Penitenciario- y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo donde anunciaba que el penal de General Alvear sería intervenido y que la nueva administración bonaerense no iba a dejarse intimidar por complots y operaciones. Para el ministro Ritondo, que acusó al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández de «embarrar la cancha» el mismo domingo de la fuga, hallar al trío y generar un desenlace sin violencia o nuevos tiros se volvió una cuenta personal.
Ritondo supervisó la búsqueda en la que están a cargo comisarios generales con perros, helicópteros, efectivos de los grupos GEOF y Halcón y alzó el tope del Fondo de Recompensas a dos millones, con la esperanza de que, tentada, alguna voz clave en el entorno de los prófugos los delate. Durante la tarde del viernes, se instaló una versión de los Lanatta y Schillaci estarían negociando, de que Hugo Icazati, supuesto defensor de Víctor Schillaci, sería el mediador. «Yo no tengo nada de que se esté negociando», decía un alto jefe policial a este medio durante esa tarde. A menos de cuatro horas del brindis de Año Nuevo, Ritondo desmintió la versión: aseguró que no negociaría con prófugos y le pidió al trío que se rindan. «Sabemos dónde están, van en un vehículo a un lugar poblado», aseguró el ministro.
De todas las teorías complotistas, una se destacó particularmente: que la fuga sería fruto de una marcada de cancha feroz de elementos reaccionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense hacia la nueva administración. Si es que fue así, la jugada les explotó en la cara: Vidal echó a la jefa del SPB, Florencia Piermarini, antes de que pudiese presentar su renuncia de cara al cambio de ciclo político y decapitó a la cúpula rápidamente. Otros que conocen los pasillos del penal de General Alvear hablaron de una corrupción de los niveles medios y no de los altos mandos, donde correspondería que se cocine un complot. De todas maneras, el dominó de debilidades en el sistema carcelario que facilitó la fuga del trío no deja de ser poderosamente sospechoso.
En agosto último, Martín Lanatta volvió a declarar por el tráfico de efedrina en Comodoro Py: la jueza Servini de Cubría lo citó nuevamente tras su entrevista con «Periodismo para Todos». Una fuente tribunalicia cercana a la magistrada relató a este medio que la declaración testimonial no arrojó nada que sirva: «Lo señaló a Aníbal como responsable, dijo que la efedrina venía disimulada en containers desde China. Sin embargo, no supo decir quiénes colaboraban o una terminal de embarque. Su versión tampoco cerraba. La efedrina era legal en ese entonces. Traerla oculta desde China, con coimas en cada puerto en el camino, no tenía mucho sentido».
Aquella vez, indicó la misma fuente, Lanatta realizó un pedido que, de cara a los hechos de la fuga, suena por lo menos extraño: pidió ser trasladado a una unidad penal supuestamente más cercana a su familia. Servini no tenía potestad para decidir esto: derivó el pedido a la doctora Marcela Otermín, jueza de Ejecución en lo Penal en Mercedes, que nunca lo autorizó. Paradójicamente, ese mismo mes, Lanatta le realizó un pedido a Otermín para estar junto a su hermano y a Víctor Schillaci en el penal N°30 de General Alvear para hacerle frente a «una eventual amenaza». Lo cierto es que, de General Alvear, escaparse no le fue muy difícil.
Un colador bonaerense
El penal ya había sufrido una fuga: dos presos se evadieron por el muro en 2010, según voces que conocen bien la penitenciaría. Las quejas en sus pasillos son frecuentes: se habla de efectivos equipados con armas viejas y sin chalecos antibalas, de laxitud ante presos con celulares en los bolsillos y de una grave carencia de personal para las guardias nocturnas. Tras la entrevista con «PPT», un memo interno del Servicio Penitenciario pidió que estén estrechamente vigilados por oficiales de un rango no menor a alcaide mayor y con circuito de tevé. El memo, por otra parte, no decía nada de que sean alojados en el área de Sanidad.
El área de Sanidad tenía una particularidad: las celdas de enfermería podían abrirse desde adentro, algo sabido por los internos del penal. Desde hace poco más de diez días que ya no tenían un alcaide mayor ante la reja, sino un efectivo mucho más joven, fácil de amedrentar. Por otra parte, Martín Lanatta conocía el túnel de salida adjunto a Sanidad que lleva a la entrada del penal, una galería que no es frecuentada por los presos de la Unidad N°30: ya había sido transportado por el túnel camino a declarar. El ya célebre guardia testigo de Jehová en la Puerta 1, que no podía empuñar un arma por su religión, fue un detalle más. «El chico hace un recargo mensual de seis horas. Justo, justo le tocó esa puerta en la noche del domingo. Mirá vos», se ríe incisivo un hombre que conoce bien el día a día de la Unidad N°30. El efectivo, si es que lo quería, podría haber tomado un arma: tenía una Colt .9mm a disposición bajo una silla en la garita.
Las cabezas policiales que coordinan la búsqueda sintieron cierto entusiasmo ante la detención del jefe penitenciario César Luis Tolosa, a cargo de la seguridad en General Alvear, señalado por vigilantes que fueron rehenes en la fuga. Sin embargo, el fiscal Citterio lo liberó poco antes del brindis de Año Nuevo, sin pruebas sólidas en su contra. Mientras tanto, los prófugos siguen sueltos. El ministro Ritondo, en declaraciones radiales, habló de contactos y elementos oscuros de la Policía Bonaerense. Para los Lanatta y Schillaci, entonces, se tratará de seguir resistiendo, o perder la guerra de desgaste.
FUENTE: INFOBAE
