Mediante un acuerdo con la cartera sanitaria, más de 60 alumnos de psicología y nutrición, realizarán pasantías en los efectores de Resistencia, San Martín y Presidencia Roque Sáenz Peña.
El Ministro de Salud Pública Luis Gómez Samela rubricó un convenio de cooperación con autoridades de la Universidad de la Cuenca del Plata. Se trata del primer acuerdo que concreta la casa de altos estudios en la Provincia, con el cual garantiza un espacio para la práctica supervisada de los alumnos de las carreras de Psicología y Nutrición.
El titular de la cartera sanitaria, explicó que el acuerdo permitirá a los estudiantes llevar adelante sus prácticas profesionales en distintas dependencias de la red pública. Puntualmente, se llevarán adelante en los hospitales “Julio C. Perrando” de Resistencia, “FelixPértile” de General San Martín y en el Área de Salud Mental del “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña, entre otros.
“La importancia de este convenio radica en que ambas instituciones nos beneficiamos: por un lado, la Universidad ofrece a los alumnos un espacio en el cual desempeñarse y ganar experiencia junto a otros profesionales y por otro lado, aporta gran conocimiento científico-académico a los servicios de Salud”, valoró Gómez Samela.
La vicerrectora administrativa que participó de la firma Patricia Gutiérrez, comentó que este es el primer acuerdo que oficializa la Universidad en el Chaco, siendo que ya llevan adelante cooperación mutua con las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa. Según estimó la funcionaria, son 25 estudiantes de Nutrición y 38 de Psicología interesados en hacer las pasantías.
“Estamos muy agradecidos y conformes que nos hayan abierto las puertas de los establecimientos sanitarios para trabajar mancomunadamente”, expresó la representante de la Cuenca del Plata, para luego decir que “esta oportunidad permite a los jóvenes continuar creciendo en saberes, actualizarse y aplicar sus conocimientos”.
Junto al ministro y Gutiérrez, tomaron parte de la firma, la secretaria general del Ministerio, María Rosa Delgado; la vicerrectora académica, Ana María Maló y el referente del área de Relaciones Institucionales, Lisandro Plazaola.
En conferencia de prensa, Sergio Romero (UDA) aseguró que «hemos llevado adelante una negociación con responsabilidad y seriedad y nos hemos encontrado con que la otra parte no cumple con la palabra empeñada, con el no cumplimiento del acto administrativo. Creíamos que el gobierno nacional estaba actuando de buena fe. No era así».
Y advirtió: «Hacemos responsables al gobierno nacional por el futuro inmediato de la educación en Argentina. Hemos trabajado muchísimo para tener negociaciones paritarias y llamamos a las autoridades a retomar la iniciativa y formalizar el acta con el ofrecimiento que nos hicieron. De no ser así, estas organizaciones sindicales la próxima semana nos volveremos a reunir para tomar medidas de acción directa».
En esa misma línea, desde AMET adelantaron que «si no comienzan las clases el 29 de febrero hay un solo culpable y ese culpable es el gobierno nacional que al día de hoy no ha querido formalizar el acuerdo que vinimos trabajando de manera seria».
Sonia Alesso, titular de CTERA, advirtió a su vez que «lo que pretende Macri es ponerle un techo a las paritarias. Planteó públicamente un techo del 25% a las paritarias. En la paritaria nacional había una propuesta clara, concreta y sólo faltaba la firma del acta, ahora se pretende poner un techo en las negociaciones salariales provinciales».
Y recordó que los cinco gremios docentes han rechazado la expectativa del 25% de inflación que maneja el gobierno nacional, «nos negamos a aceptar esa pauta porque no son nuestras cifras».
El martes pasado los gremios y el ministerio de Educación anunciaron que habían alcanzado un principio de acuerdo que debía refrendarse todavía en los consejos de cada sindicato pero que de antemano hacía prever una casi inmediata firma del acuerdo. La propuesta alcanzada por el ministro Bullrich preveía elevar el salario inicial docente desde los 6.060 pesos actuales a 7.800 en febrero y a 8.500 en julio, lo que representaba una suba del 40%. Sin embargo el gobierno nacional dio marcha atrás y ahora se niega a firmar el acta acuerdo en el ministerio de Trabajo.
