El diputado provincial Carlos Martínez dio a conocer su opinión respecto a declaraciones del gobernador de la provincia anticipando el envío de un proyecto de ley de adhesión al protocolo de intervención en manifestaciones públicas impulsado por el gobierno del presidente Macri .
”Hace tres meses entró en vigencia la ley provincial 7710 que establece un protocolo democrático de actuación de la fuerza policiales ante los conflictos sociales , en el cual se prioriza el diálogo y la solución política antes que el empleo de la fuerza pública ; sería un papelón y un contrasentido derogarlo por un instrumento autoritario y represivo como el que propone la ministra de seguridad Bullrich, manifiestamente destinado a acallar las legítimas protestas ante el ajuste y los despidos que se anuncian abiertamente desde el gobierno” , indicó el legislador.
“Es aberrante que se pretenda tratar con violencia estatal a quien se moviliza y reclama el cumplimiento efectivo de un derecho, como lo es el de tener luz, agua, vivienda, salud, educación, salarios dignos, trabajo, justicia y tantos otros derechos que aún faltan. La policía está para prevenir delitos comunes, conjurar hechos de violencia y garantizar la seguridad de la población, no puede ser utilizada como primer y único recurso de gobernantes incapaces de dar solución desde la gestión a los problemas acuciantes de nuestra sociedad”, señaló Martínez.
“Mientras el gobierno nacional no ha dado ni un mínimo paso para avanzar en la creación de la nueva Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico y su articulación con las fuerzas de seguridad provinciales pretende utilizar esas mismas fuerzas de seguridad en el “combate” a los que peticionan al Estado dentro del marco de las garantías constitucionales del derecho de reunión, de asociación y de libre expresión”.
Martínez defendió el texto del protocolo provincial establecido por la ley 7710 en contraposición al pergeñado desde la gestión PRO al expresar que “nuestra norma sancionada en noviembre del año pasado se encuadra dentro de la garantía que nuestra Constitución Provincial establece para sus ciudadanos de peticionar ante las autoridades y obtener respuesta por parte de ellas; prohíbe terminantemente a la policía el uso de armas de fuego en manifestaciones así como el desalojo sin orden judicial y promueve la conducción política de todo el proceso de negociación e intermediación, evitando la actuación discrecional de la fuerza de seguridad, todo esto en abierta contradicción y totalmente alejados de los criterios represivos del protocolo Bullrich, que prevé incluso la restricción de la actividad del periodismo en el lugar de los hechos, de forma de asegurar la impunidad de los procedimientos represivos”.
El legislador señaló también que “ no es nuevo este intento de meter mano dura ante las demandas populares. El año pasado, luego de que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner pidiera tolerancia cero a los cortes de calles, algunos diputados del Frente para la Victoria, entre ellos Kunkel y Pedrini presentaron un proyecto idéntico al protocolo macrista, consecuentes con el doble discurso del relato K que predicaba la no criminalización del reclamo ciudadano al tiempo que de la mano de Berni, Milani y compañía espiaban y reprimían a trabajadores y movimientos sociales indistintamente”.
“Ningún ciudadano de nuestro país y de nuestro Chaco merece ver afectada su integridad física ni menos aún perder la vida , como pasara con el maestro Fuentealba, Maximiliano Kosteki, Dario Santillán o Ángel Verón por peticionar ante las autoridades el derecho a vivir mejor en un país donde todavía existen 14 millones de pobres y 40% de trabajadores en negro, y en una provincia devastada por una gestión anterior deplorable, y donde los cortes de luz, la falta de agua potable, el deterioro de la salud pública y la educación son la herencia actual ante la cual no puede esperarse, ni admitirse, la resignación mansa de una sociedad siempre dispuesta a luchar por una vida más digna”.
Finalmente, el legislador adelantó que no acompañara la adhesión de la provincia del Chaco al protocolo Bullrich en caso que se confirmara el envío a la Legislatura de una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo provincial.
