El intendente Jorge Capitanich desestimó este miércoles una denuncia realizada por la oposición y aseguró que el aporte financiero que recibió el municipio en el inicio de su gestión está totalmente avalado y cuenta con la documentación respaldatoria correspondiente.
Paralelamente, adelantó que el Ejecutivo municipal trabaja en dos presentaciones judiciales por supuestas irregularidades suscitadas durante la anterior gestión en el municipio de Resistencia.
“Me parece fantástico que el diputado Gutiérrez denuncie porque es lo único que sabe hacer; nosotros aportaremos a la Justicia todos los dictámenes pertinentes y estamos muy tranquilos porque la operatoria cumple perfectamente con lo que establece la Ley”, explicó Capitanich.
El intendente detalló que la transferencia de $100 millones cuenta con un decreto correspondiente que autorizó a la Dirección de Administración del Ministerio de Gobierno a efectuar el giro de los fondos.
“Se trata de una transferencia en carácter de aporte financiero para la ciudad de Resistencia acordado oportunamente con la Jefatura de Gabinete de Ministros y está absolutamente en orden desde el punto de vista legal”, remarcó el jefe comunal.
En ese contexto, Capitanich explicó que esos fondos sirvieron para paliar una situación muy complicada en cuanto a las obligaciones financieras del municipio, que debía hacer frente a sueldos impagos de la gestión anterior por aproximadamente $150 millones.
“Desde la gestión que nos precedió generaron un caldo de cultivo para provocar una crisis política y una estrategia destituyente; no soy nuevo en este oficio y tengo muy claro que es así”, sostuvo el intendente.
Capitanich describió que el gobierno comunal anterior se despidió el municipio sin haber pagado la totalidad de los sueldos de noviembre a los empleados, pero tampoco habiendo hecho la previsión correspondiente para los salarios de diciembre y el medio aguinaldo.
Además, de acuerdo con lo que reportó un informe de auditoría de corte del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, la anterior gestión se fue dejando una deuda de $689 millones y una serie de supuestas irregularidades financieras, contractuales y legales.
“Me gustaría que el legislador Gutiérrez investigue también por qué los contratos que el municipio de Aída Ayala firmaba con las empresas tenían condiciones tan desfavorables para la comuna y tan ventajosas para los empresarios”, retrucó el intendente.
“También me gustaría que este diputado explique la posición de su partido (por el radicalismo) convalidando el mayor fraude de la historia argentina, al hipotecar el futuro de todos los argentinos con el pago a los fondos buitres que propone el Presidente Macri”, apuntó.
