El juez federal Sebastián Casanello solicitó este martes al Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, una copia de la documentación y las decisiones administrativas vinculadas a las negociaciones que se hicieron con los fondos buitre. Ya el fiscal Federico Delgado había iniciado la investigación.
Casanello recibió ayer la denuncia que presentaron los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti y Jorge Cholvis, quienes representan al instituto «Arturo Sampay» por los supuestos delitos de «traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
En la denuncia, la institución pide investigar una presunta «delictiva negociación con los fondos buitre». Además, le pidieron al magistrado que dicte una medida cautelar para frenar el pago hasta que haya «sentencia definitiva» en la causa.
Delgado se mostró a favor de «abrir una investigación penal» por una denuncia efectuada ayer contra el Jefe de Estado, senadores y diputados nacionales por una supuesta «autoría o participación» en la negociación del pago de la deuda con los holdouts.
«Creemos que hay que abrir una investigación penal», señaló el fiscal, aunque anticipó que «las causas que giran al rededor de la deuda externa en general no avanzan».
Mientras Delgado dictaminó a Casanello que se inicie una investigación, también le sugirió que libre «una orden de presentación dirigida al Señor Jefe de Ministros de la Nación», para que se dispongan todos los documentos que estén relacionados al acuerdo con los fondos buitres.
El fiscal aclaró que «es factible investigar lo que pasó hasta ahora. No abarca toda la cuestión obviamente. Quizás es un simple grano de arena en una gran playa pero, después de todo, las playas son más que un agregado de granos de arena».
En la denuncia se indicó que «el gobierno de Macri, mediante un DNU, ha puesto en marcha un megacanje de deuda, por un total de u$s 16.099 millones, que agregará nuevos intereses para el Estado Nacional, ya que se cambian dos Letras Intransferibles a tasas de interés casi nulas emitidas por el Tesoro Nacional y recibidas por el Banco Central en 2006 y 2010, por tres bonos denominados BONAR con vencimientos en el 2022, 2025 y 2027, y con tasas superiores al 7%».
«La cifra de la operación podría trepar a u$s 65.000 millones tal como lo anunció el Ministro de Economía Prat Gay, si se completa el canje a otras Letras Intransferibles en poder del BCRA. En la operación participan el Tesoro Nacional y el Banco Central, junto a un grupo de bancos internacionales como el HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank,etc. Es decir que los funcionarios del Gobierno están encareciendo voluntariamente el costo del endeudamiento argentino favoreciendo a los bancos acreedores, comenzando así a pagar intereses por algo que hasta el presente no se abonaba, por lo cual podrían ser responsables de graves perjuicios económicos para el erario público con las consiguientes sanciones y acciones reprobatorias que se puedan ejecutar», continúa la denuncia.
Según el fiscal Delgado «sobre estos hechos se tiene que desplegar la instrucción. Básicamente porque hay dos lentes con la que mirar la legalidad de estos hechos aún en curso de ejecución algunos de ellos y determinar, en última instancia, si se defraudaron las arcas públicas», concluyó.
