La iniciativa corresponde al diputado Martín Hernández, de la UCR. El proyecto también incluye al NOA.
Hernández presentó en los últimos días el proyecto de reforma de la Ley de Áreas de Frontera, con el que propone retirar la potestad a los gobernadores para nombrar a los comisionados.
El objetivo es actualizar las funciones de la Áreas de frontera en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas, la trata de personas, el terrorismo y delitos de alta complejidad. Está destinado, particularmente, a las provincias que limitan con Paraguay, Brasil y Bolivia.
En tal sentido, el legislador indicó que “el caso Barreiro (Formosa), desnudó no solo la desidia y las graves omisiones cercanas a la complicidad del gobierno en los casos de narcotráfico, sino también el abandono del Estado de una herramienta que debe ser actualizada para coordinar las acciones en el marco de la emergencia en seguridad pública que decretó el Gobierno Nacional, y estar en condiciones de ayudar en la lucha contra delitos complejos vinculados al narcotráfico y la trata de personas».
El Art. 3° del proyecto de ley presentado por Hernández establece que “se afianzará la seguridad y el control material y tecnológico de las Áreas de Frontera, priorizando la prevención y esclarecimiento de los delitos de trata de personas, el narcotráfico, el contrabando, el crimen organizado y la inserción de datos falsos en los documentos de identidad para cometer fraude electoral, el cobro indebido de beneficios sociales y otros ilícitos”.
Desde sus inicios, los comisionados de las Áreas de Frontera tuvieron, entre sus funciones, la coordinación de acciones referidas a mejorar la seguridad y prevenir los delitos que caracterizan a zonas limítrofes, como el contrabando, y actualmente el narcotráfico.
El caso «bisagra» y detonante para el proyecto de Ley, fue el del Comisionado del Área de Frontera en Clorinda (Formosa), del que fue protagonista Pedro Bareiro -funcionario del gobierno de Gildo Insfrán- quien fue detenido recientemente con 51 kilogramos de cocaína proveniente de Paraguay.
La frontera norte se convirtió en la puerta de entrada de la cocaína y la marihuana que se consumen en el país, ingresando por vía aérea hacia las pistas clandestinas que existen en Chaco, Formosa y demás provincias del NEA-NOA, como también por tierra y agua.
Por ello, el Art. 4° del proyecto de Ley del diputado Hernández establece que el Ministerio de Defensa del Poder Ejecutivo nacional “dispondrá las medidas necesarias a fin de garantizar que la radarización de las Áreas de Frontera de la región NEA-NOA permita un eficiente control” del espacio aéreo soberano, autorizándose “el uso de la fuerza para el derribo y/o destrucción de vectores incursores declarados hostiles”.
Esta es la denominada “Ley de Derribo”, que permite a la Fuerza Aérea obligar a descender a las aeronaves de los narcotraficantes, facultándola a derribarlas en caso necesario.
El Art. 5° del proyecto de ley establece que los Ministros de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Nacional, coordinado por el Jefe de Gabinete de Ministros, trabajarán conjuntamente en el diseño de planes de desarrollo y seguridad para las Áreas de Frontera, y se modifica el régimen actual de designación de los comisionados encargados de dichas áreas, que eran nombrados por los gobernadores.
De ser aprobado el proyecto de ley de Hernández, los funcionarios serán designados directamente por el presidente de la Nación y dependerá directamente del Poder Ejecutivo nacional, no de los gobernadores provinciales.
