Alfonso Prat Gay debió ayer exponer ante Sergio Massa y su equipo económico el plan de pago de unos 15.000 millones de dólares que el Gobierno nacional deberá efectuar ante los holdouts antes del 14 de abril. En su despacho del Ministerio de Hacienda, el funcionario brindó detalles de la operatoria ante Massa, Aldo Pignanelli,Marco Lavagna, Leonardo Madcur y el senador cordobés Carlos Caserio, alineado con José Manuel de la Sota.
El Gobierno busca así arañar el quórum para la sesión especial de la semana próxima donde intentará aprobar la derogación de las leyes cerrojo y de pago soberano para habilitar así el pago a los holdouts que no entraron al canje de la deuda. A pesar del anuncio del Frente para la Victoria de no bajar al recinto para intentar bloquear el debate, los legisladores que integran los bloques justicialista y del Frente Renovador están dispuestos a dar el debate.
«Creo que hay que dar quórum, debatir y también pienso que las deudas hay que pagarlas. El diagnóstico que hizo Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa es lógico, pero no aporta por ahora soluciones a la inflación y a las demandas de los trabajadores», explicó ayer Alberto Roberti, del bloque justicialista. En ese colectivo peronista-sindical también aparecen diputados como Pablo Kosiner alineados con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Se trata de unos 15 legisladores nacionales que abandonaron el kirchnerismo para reclamar la modificación de la escala del Impuesto a las Ganancias, entre otras medidas.
El Frente Renovador de Massa, con casi 40 diputados propios, también anticipó que dará quórum para derogar las leyes que permitirán salir del default. Sin embargo, ayer reclamaron ante Prat Gay, tal cual anticipó este diario, que en la misma sesión especial se vote la modificación de las escalas del Impuesto a las Ganancias.
Para poder iniciar la sesión, el oficialista Cambiemos deberá sentar al menos a 129 diputados en el recinto. El Interbloque que responde a la Casa Rosada tiene 92 diputados y necesita el respaldo de otros cuarenta legisladores para no sufrir sobresaltos en la votación, y su apuesta está en lograr el respaldo del massismo, el bloque justicialista, los seis del Frente Cívico de Santiago del Estero y cuatro de Compromiso Federal. Además, espera que numerosos diputados del Frente para la Victoria que responden a los gobernadores también respalden estos proyectos, que permitirán a sus mandatarios también acceder a financiamiento externo. La actividad se inició ayer formalmente en la Cámara de Diputados con la constitución de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, mientras se aguarda que el Gobierno envíe los proyectos de derogación de las leyes cerrojo y pago soberano, de autorización para emitir bonos y los detalles del acuerdo con los fondos buitre.
La comisión de Presupuesto y Hacienda será presidida por el macrista Luciano Laspina, e integrarán entre otros el radical Miguel Bazze, el exministro Axel Kicillof y el economista Marco Lavagna. Diego Bossio, del bloque justicialista, fue electo vicepresidente primero de la comisión; el economista massista Marco Lavagna fue electo vicesegundo; mientras que el radical Luis Pastori y la socialista Alicia Ciciliani quedaron al frente de las cuatro secretarías. Las otras corresponden al Frente para la Victoria, que todavía no informó sus integrantes.
El interbloque Cambiemos será minoría ya que ubicó a 19 de los 49 integrantes. Los otros 30 pertenecen a la oposición: 16 al Frente para la Victoria y aliados, 6 al massismo, 3 al bloque justicialista, 2 al Partido Socialista, 1 al Frente de Izquierda, 1 al Movimiento Popular Neuquino y 1 al bloque Social Cristiano. También se constituyó la Comisión de Finanzas que abordará estas iniciativas y será presidida por el bonaerense Eduardo Amadeo, y tendrá entre sus miembros a su extitular Carlos Heller, el camporista Juan Cabandié y el massista Lavagna, una de las espadas económicas de Massa.
Al inaugurar ayer el período de sesiones ordinarias, Mauricio Macri pidió que el Congreso «actúe con responsabilidad» para poder terminar la negociación con los tenedores de bonos que no ingresaron en el canje de 2005, ya que esta situación generó grandes pérdidas económicas para la Argentina. La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos buitre que tenían una sentencia favorable del juez Thomas Griesa, pero para eso se requiere la derogación de las leyes que impedían realizar una oferta superior a la que se efectuó al 93 por ciento de los bonistas que aceptaron el canje hace diez años.
