Sin señales de reconciliación política fue debatida en 2da. discusión la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional impulsada por la Mesa de la Unidad Democrática como una de sus principales promesas de campaña.
La bancada del madurismo inscribió a tantos oradores como pudo y sus intervenciones giraron en torno a 3 aspectos: que la ley liberará a los asesinos de las víctimas de 2014, que factores de poder pagaron por la redacción de la norma y que no podrá ser aplicada porque el pueblo y el gobierno se opondrán. La bancada opositora, en cambio, administró sus intervenciones para puntualizar aspectos neurálgicos del proyecto, aclarar aspectos jurídicos y enfatizar el sentido de restauración del derecho del instrumento.
Promovida para lograr la liberación de Leopoldo López y otros políticos presos, el texto será enviado al presidente Nicolás Maduro para que lo promulgue.
Sin embargo, Maduro aseguró que no refrendará la norma, por considerar que tiene como objetivo “proteger” a criminales.
En horas de la tarde, la presidente de la Comisión de Política Interior, Delsa Solorzano, había informado a través de la red social Twitter la aprobación en 2da. discusión del instrumento jurídico.
En la mañana de este martes, los parlamentarios que conforman la comisión permanente sostuvieron una reunión en el Parlamento en el cual su conclusión fue aprobada la iniciativa legislativa.
Solorzano agregó que su siguiente paso para esta ley será la “aprobación en plenaria” por lo que se logró que se incluyera en la orden del día para su discusión.
El texto de la ley contempla una amnistía para los llamados “presos y perseguidos políticos” de los últimos 17 años, y que según estimaciones de activistas de derechos humanos podría llegar a beneficiar a más de 5.000 personas.
La legislación exceptúa de la amnistía a las personas que incurrieron en crímenes de guerra y en delitos de lesa humanidad, y las autoridades o funcionarios que cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
El instrumento jurídico fue aprobado en 2da. discusión por la Comisión de Política Interior alrededor de la 11:00, por lo que al comienzo del debate, a la 14:45, el punto aún no figuraba en el orden del día. Con el voto mayoritario de la oposición el debate se incorporó como 1er. punto, bajo protesta del PSUV que argumentó violación del Reglamento Interior y reclamó no haber recibido el informe correspondiente para poder dar el debate. La discusión se inició pese a los gritos del bloque madurista y los informes fueron repartidos progresivamente.
De 43 artículos que tenía el instrumento aprobado en primera discusión, se redujo a 29 artículos luego de la simplificación de la redacción, la fusión de 2 o más artículos y la supresión de otros.
«Se incorporó la posibilidad de que aquellos perseguidos que tienen libertad plena puedan pedir restitución de sus derechos o indemnización moral, la amnistía laboral pasó a ser responsabilidad de la comisión de la verdad. Lo que procede? a partir de la aprobación es que cada preso político a través de su defensa se dirija al Ministerio Público o al tribunal a solicitar. La comisión de la verdad será la garante de que se aplique la ley», explicó Delsa Solórzano.
En la bancada del PSUV calificaron el instrumento de «copia de la ley de amnistía dictada por Francisco Franco en España», «copia de la amnistía dictada por Pinochet en Chile», y de proteger a los victimarios en detrimento de las víctimas.
«Esta ley no abarca el narcotráfico, los homicidios ni los delitos graves», dijo Juan Matheus (PJ) y los familiares de los presos políticos, que habían estado de bajo perfil, lo aplaudieron de pie. Minutos más tarde llegaron las pancartas con que acompañaron el resto del debate y en las que se leía: «Amnistía es cambio».
El diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional, se pronunció en contra de la Ley de Amnistía y Reconciliación,y señaló que habían sido “testigos de una AN que está de espaldas a los intereses del país” al aprobar “una aberración política y jurídica”. Él expresó: “Todas y todos los venezolanos deberíamos de estar de acuerdo en decir que esa no es la forma correcta de hacer política. La mayoría de los venezolanos no queremos que las diferencias políticas que tenemos (…) se discutan mediante la violencia”.
También dijo: “Leopoldo López es responsable de las 43 muertes (…) de las guarimbas del 2014 [sic]. Es responsable de los 800 heridos. Es responsable de llevarnos al borde de una guerra civil. La mayoría de los venezolanos, independientemente de nuestra posición política, no tenemos duda de eso”.
Tamara Adrián, diputada suplente a la Asamblea Nacional por la Mesa de Unidad Democrática, exhortó a los oficialistas a leer el proyecto “para que no sigan repitiendo la misma mentira”: que la ley perdonará asesinatos.
“Yo les digo a aquellos que repiten interminablemente la propaganda que aquí se van a personar asesinatos y delitos de lesa humanidad que simplemente lean la ley y dejen de decir mentiras”, aseveró.
Enfatizó que esta ley “no perdonará a personas que han cometido asesinatos solamente a aquellos que han sido imputados utilizando los medios del Estado”.
«Estamos para amnistiar 17 años de mentira y persecución. Ninguno de los presos políticos venezolanos está acusado de homicidio. Ni Leopoldo López ni los estudiantes. Ninguno. Expliquen ustedes al país, señores del llamado Bloque de la Patria, cómo hicieron para condenar a 8 años de prisión a Alexander Tirado y a Raúl Emilio Baduel por tener una cruz de madera y un megáfono», señaló Adriana Pichardo.
