El intendente de Resistencia dio un pantallazo del modelo fiscal de la provincia desde el año 2003 al 2015, donde resaltó la política económica iniciada por Nikisch y cambió de parecer respecto a la ley de endeudamiento, donde considera que debe revisarse meticulosamente pero que el pago del juicio del 113% que se adeuda a judiciales debe efectivizarse de inmediato.
En su cuenta de Facebook, Capitanich escribió lo siguiente:
«La provincia del Chaco ha transitado en el período 2003-2015 una política financiera de desendeudamiento con resultados contundentes: la deuda nominal al 09/12/2015 ascendió a 6054 M de pesos incorporando el impacto de 1141 M de pesos derivados de la deuda con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de la República Federativa de Brasil para la construcción del “Segundo Acueducto del Interior” que incluye 512 km de acueducto y 26 localidades junto a las obras de toma de agua en el río Paraná y la planta potabilizadora de 6000 m3 con proyección a 9000 m3.
Sin descontar una cifra aproximada a 580 M de pesos por acreencias de Aportes del Tesoro Nacional que se deducen del monto total de la deuda pública y sin registrar la deuda del BNDs la cifra se reduciría a 4333 M de pesos.
El stock de deuda heredado por mi gestión como Gobernador de la Provincia alcanzó a 4300 M de pesos y las proyecciones de capital de servicios de deuda duplicaban esa suma. Por lo tanto, en valor presente se produjo un ahorro de 4000 M de pesos quedando la relación deuda/PBG en niveles de 9 % y de deuda/presupuesto del 18 % cuando eran equivalentes al 75 % del PBG en 2003 y 383 % de presupuesto en el peor mes de 2002.
La auditoría de corte del 9/12/2015 establece un saldo en pesos de cuentas del estado provincial equivalente a 1015 M de pesos, con salarios de Noviembre totalmente cancelados. La deuda flotante alcanza en esta auditoría de corte a 424 M de pesos, que constituye una operatoria normal y corriente para un presupuesto de 36000 M de pesos anuales, o sea el equivalente a 1,1%, es decir, nada.
Las empresas públicas se capitalizaron durante mi gestión aumentando el patrimonio neto consolidado del sector público provincial. Dos empresas tuvieron fuertes subsidios a las tarifas: a)secheep y b) sameep por un monto de casi 600 M de pesos que fueron al bolsillo de los usuarios.
Pero Secheep como contrapartida tuvo obras y el programa de convergencia eléctrica. Las obras superan en valor presente a 12000 M de pesos en 8 años. Hoy se encuentran el pleno proceso de ejecución las siguientes: a) Rincón Santa María-Puerto Bastiani de 500 kw, b) Tres Isletas-Castelli demorada por conflicto social en Zaparinqui, c) Presidencia Roca- San Martín de 132-33-13,2, d) La Leonesa-Las Palmas 132-33-13,2, e) Puerto Bastiani-Puerto Vilelas 132-33-13.2.
Electroducto Nea-Noa se inauguró. También la ET 33 de Quitilipi. También la línea de 132 desde Avia Terai hasta Pampa del Infierno. Fueron 165000 nuevas conexiones y más de 2,3 veces más de energía consumida.
Secheep no actualizó tarifas por 4 años. Esto benefició a la industria, al comercio y a los usuarios en general permitiendo más consumo, más trabajo y mayor bienestar.
La empresa fue equipada y atendimos múltiples demandas. En diciembre estaba en proceso la compensación con recursos de convergencia eléctrica por 270 M de pesos y el uso de saldo técnico de IVA por parte de la empresa Sameep con el objeto de transferir a Secheep por 200 M de pesos y de este modo saldar la deuda con la firma Camessa. Lamentablemente, las circunstancias electorales y de cambio de gobierno impidieron concretar esta propuesta.
Pero no cabe la menor duda que la empresa se capitalizó como nunca antes en toda su historia. Que es necesario seguir invirtiendo no cabe la menor duda, pero son correcciones micro de media y baja tensión para mejorar aún más la calidad del servicio.
Sameep tiene la misma situación de fuerte capitalización para agregar número de usurarios que pagarán tarifas para cubrir erogaciones. Si no se realizan inversiones no es posible mejorar servicios, ni tampoco mejorar la capacidad de mantenimiento de largo plazo.
Ambas empresas sin la estrategia de financiamiento ejecutada por el estado nacional y provincial hubiesen necesitado aproximadamente 30 años para invertir lo que se invirtió en 8 años con una tarifa actualizada.
No es lo mismo subsidiar tarifas que no hacerlo, pues el impacto en la demanda agregada a través del consumo adquiere una definición distinta.
Por último, quiero expresar con mucho énfasis que la provincia del Chaco inició con la administración del Gobernador Roy Nikisch un sendero de superávit fiscal primario y financiero que se mantuvo en nuestros 8 años de gestión con excepción del año 2009 por efecto de la crisis internacional. La tendencia fue superávit o equilibrio en cada ejercicio llegando a la administración central y organismos descentralizados a un monto de 3300 M de pesos de superávit fiscal primario y 1300 M de pesos de superávit fiscal financiero.
Con el producido del superávit primario cubrimos amortización de deuda, financiamiento del déficit previsional y subsidios de tarifas públicas. Esto significa, que la provincia posee características estructuralmente solventes por menor incidencia de stock y flujo de deuda pública y porque puede lograr por vía de tarifa resolver el financiamiento de las empresas públicas pues no existe ni exceso de personal ni grandes inversiones que realizar en el futuro, sólo mantenimiento.
Pero además, la provincia puede reclamar la compensación del déficit previsional que en nuestra gestión no pudimos avanzar como asimismo la devolución del 16,9 % de precoparticipación y del costo de recaudación de la AFIP. Esto significa una posibilidad extraordinaria de mantener autonomía financiera y fiscal sin seguidismo a las políticas de gobierno.
Todas las obras públicas tienen financiamiento internacional asegurado sin costo para la provincia ya sea por la CAF, el BID, el BIRF, Banco Popular Chino, o BNDs. La nación sólo debe ejecutar su parte. El segundo acueducto del interior requiere un desembolso adicional del tesoro nacional y sería bueno que nuestros opositores reclamen a su gobierno lo que tanto nos reclamaron a nosotros, esto es que nos financien la totalidad del costo del acueducto.
El programa de endeudamiento del estado provincial debe ser analizado con meticulosidad.
No cabe la menor duda que es necesario resolver la deuda de judiciales de la cual no es responsable el actual gobierno ni los precedentes. Es responsabilidad del Superior Tribunal de Justicia por liquidación incorrecta de hace 23 años, con sentencia firme. El mismo Poder debe contribuir a su financiamiento por vía presupuestaria pues no es correcto que los desaguisados de un poder sean pagados por todos los chaqueños.
Pero no hay que convalidar cualquier operatoria, sino una ingeniería financiera que permita resolver la sentencia en condiciones satisfactorias para las partes evitando maniobras delictivas con la comercialización de instrumentos de pago como ya ocurrió en la provincia.
Hay otras demandas de leyes de expropiación o para la ejecución de obras públicas que deberían ser merituadas en forma individual porque no es bueno para las finanzas públicas ni adecuado ni mucho menos prudente contraer deuda pública bajo cualquier operatoria. Nos costó mucho esfuerzo a los chaqueños desendeudarnos pero advierto la necesidad del Gobernador Peppo de garantizar la ejecución de obras de infraestructura que son vitales para la provincia por el efecto multiplicador en el empleo privado formal. Los datos del año 2015 resultan contundentes: a) el empleo en la industria de la construcción tiene una participación del 20 % sobre el empleo total, b) la participación de la industria de la construcción alcanza al 23,5 % del PBG.
Y vale una aclaración a los diputados opositores. Mi gestión canceló en su totalidad la garantía de coparticipación para el pago de la deuda de 3100 productores agropecuarios, comerciantes e industriales en el Banco de la Nación Argentina. Pagamos más de la mitad de la deuda por emergencia por sequía y cancelamos integralmente la totalidad de los préstamos contraídos. Siempre con el BNA, sin intermediarios y sin comisiones.
Respetuosamente, no invoquen la “supuesta herencia recibida” como excusa para no analizar correctamente el tema de las finanzas públicas provinciales. Vuelvo a insistir: la provincia es solvente y los problemas de liquidez de corto plazo es producto de la reducción de recursos coparticipables y la asignación de recursos propios para sustituir recursos nacionales para la ejecución de obras públicas.
Los datos objetivos determinan la necesidad de que la ley para amortizar la deuda de judiciales debe hacerse para sentencias concretas y la estrategia de endeudamiento para obras debe realizarse conforme a las condiciones de mercado y a la factibilidad de financiamiento para evitar sobreexposición financiera.
La provincia tiene hoy la oportunidad de lograr el financiamiento del déficit previsional por parte del estado nacional que nosotros no tuvimos. Las empresas públicas pueden adquirir autonomía financiera mediante el uso de las tarifas. Sin ambas asignaciones presupuestarias el superávit fiscal podría utilizarse integralmente a la obra pública como agente dinamizador del empleo. Pero no cabe la menor duda, que ambas cuestiones poseen aristas ciertamente complejas para resolver.
Por eso, es clave reconocer que la solvencia fiscal de base estructural puede tener dificultades de corto plazo, para lo cual, un puente financiero es una solución que garantiza estabilidad fiscal de largo plazo».
