Lo hacen trabajadores de la Defensoría del Pueblo, quienes consideran irregular la decisión del titular del área. La situación se da en medio del proceso electivo de un nuevo representante.
La Asesoría General de Gobierno, encabezada por Armando Garrido, determinó hace algunos días que Gustavo Corregido, todavía defensor del Pueblo, no está facultado para otorgar bonificaciones a una persona en condición de adscripta a dicha defensoría. En consecuencia, trabajadores de planta de la institución expusieron su rechazo ante un acto administrativo que consideran irregular por parte de Corregido.
El caso se refiere a los pagos que el funcionario solicitó -por resolución 8/16- para María Angélica González, una agente perteneciente a otra repartición que fue adscripta a la Defensoría. Para Garrido, la Ley 6.968 solamente faculta al defensor del Pueblo para otorgar bonificaciones por título y antigüedad a los empleados de planta y no al personal adscripto, ya que estos mantienen las remuneraciones inherentes al cargo del cual son titulares, como lo establece la Ley 5.727/15 que derogó a la 1.198.
Este dictamen pone en peligro la reelección de Corregido frente a la Defensoría. A su vez, los empleados del sector pusieron en conocimiento del caso al doctor Heitor Ezequiel Lago, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, por la irregularidad en la designación de dicha persona en el cargo de «secretaria».
Para los empleados de planta, Corregido cometió un acto administrativo irregular, el cual puede ocasionar perjuicio a la hacienda pública, debido a que la designación viola la carrera administrativa de los empleados de planta que se encuentran en condiciones de subrogar cargos, como lo determina la Ley 2.017.
