El gobernador Oscar Domingo Peppo considera vital para su gestión la aprobación por parte de la Legislatura de la toma de crédito por $8.000 millones, donde el ministro Ocampo se encargó de explicar que el mismo está destinado al pago del juicio del 113% que se le adeuda a trabajadores de la justicia chaqueña, como así también para pagar deudas de la empresa SECHEEP con la proveedora mayorista de energía y, un dato no menor, para abastecer la caja previsional del Chaco.
Editorial
En efecto, el ministro de Economía se encargó de explicar que este es uno de los temas más trascendentes de la toma de deuda pública, ya que aseguró “La caja previsional adolece de una cuestión estructural y genera déficit permanente, que año a año se va incrementando”.
Este dato no debe pasar por desapercibido para gran parte de la comunidad que aporta a esta caja, que presta un servicio malo, donde el cobro de plus médico está enquistado hace años y donde los prestadores se viven quejando por el atraso con que se les abona.
Sin dudas, estas son dos de las pesadas herencias que recibió Peppo de parte de Capitanich, pero que está vedado de exponerlas por cuestiones que podrían lastimar la añorada gobernabilidad. Es que diputados afines al exgobernador prometieron entorpecer esta cuestión si se “ensucia” a su líder político, más allá que el distanciamiento está muy marcado y las diferencias parecen insalvables.
No obstante, Capitanich tiene una carta fuerte en la Legislatura, manejada por el gustavismo y el peppismo, pero con la necesidad de acordar con legisladores afines a “Coqui”, como ser Claudia Panzardi, Hugo Sager o Daniel Trabalón.
Fue precisamente Trabalón el que encendió la alarma una semana atrás. O más bien, el Frente Grande, al emitir un comunicado donde anunciaban que no se les iba a dar un “cheque en blanco” para que se haga lo que quiera con el dinero.
Esto obligó al sector ligado al Gobernador a negociar para lograr acuerdo, algo que no sucedió y que llamativamente, se lamentó desde todos los sectores.
Las diferencias
El ejecutivo provincial, en su proyecto, solicita se apruebe un préstamo para la provincia que alcanza los $8.000 millones; los legisladores justicialistas en su proyecto contemplan $4.500 millones y la oposición $1.600 millones, monto que debe usarse solamente para pago a judiciales con sentencia firme.
Lo urgente no deja
lugar a lo importante
Las tres partes, incluido el Frente Grande, coinciden solo en una cuestión: el pago a judiciales.
Sin dudas, esta es la mayor urgencia que tiene el gobierno provincial, que si se toma como referencia a la necesidad de cubrir los rojos del INSSSEP beneficia a muchísimas menos personas (ni siquiera al grueso de los empleados del Poder Judicial); pero es la que más lastima las arcas de la provincia.
Es que a fines del 2015, un grupo de personas decidió embargar las cuentas de la provincia, y complicó la economía a sobremanera. Luego, la provincia creó una ley de emergencia económica, que impedía estas acciones; pero la semana pasada la misma fue declarada inconstitucional, por lo que todos los litigantes del famoso juicio del 113% esperan ansiosos por trabar embargos.
Es decir, el gobernador necesita urgente el dinero para ofrecer una salida a los actores del juicio, sin que se toque, por ejemplo, la coparticipación.
Para colmo, se avecina con este sector de la sociedad otro problema, ya que jueces y secretarios presentaron una demanda para equiparar los sueldos a la justicia federal, y por la ley de enganche, los empleados también tendrán que beneficiarse con la medida si es que no quieren afrontar otro juicio similar. La única buena –en este sentido- que tiene Peppo, es que la secretaria general del SEJCH está más de su lado que de los trabajadores, por lo que podría dilatar la cuestión, pero solo un poco.
Elección del ombudsman
En este sentido, la salida a este problema para Peppo puede ser la elección del Defensor del Pueblo.
Todo hacía prever que el pasado miércoles se iba a volver a ungir a Gustavo Corregido como ombudsman, y a Hugo Maldonado como adjunto. Se decía que el oficialismo legislativo contaba con el apoyo del sector afín a Rozas en la Cámara, y que todo iba a darse.
Sin embargo, a último momento la cosa cambió. El bloque radical considera que ese cargo debe ser ocupado por la oposición, y que Corregido demostró una y otra vez responder a los intereses del PJ.
Muy desacertados no están los radicales, y una muestra de eso es que antes de asumir Capitanich al municipio de Resistencia, Corregido presentó una demanda para que se deje sin efecto el pase a planta de 700 trabajadores; pero ante la misma situación en Du Graty –donde Pastor, el saliente, es peronista y Polini, el entrante, radical- avaló el pase a planta de empleados que el nuevo intendente no quiso efectivizar.
La pregunta que surge es ¿Resulta una locura pensar que ante la necesidad de aprobar la ley de endeudamiento, la oposición se quede con la Defensoría del Pueblo? La respuesta es claramente que no. Solo resta esperar que sucede el próximo miércoles.
Capitanich de Shopping
Mientras Capitanich también está salpicado por el conflicto que atraviesa Lázaro Báez con la justicia (ver pág. 3), resulta una burla la promesa realizada con bombos y platillos en la inauguración del Resistencia Shopping Mall. Allí aseguró que va a pavimentar el acceso al monstruoso edificio.
No es una burla la situación en sí, sin dudas amerita que el acceso esté en condiciones ya que serán miles los visitantes que pasarán allí por día.
Es una burla cuando si se tiene en cuenta que hay cientos de calles en Resistencia que ni siquiera tienen ripio, calles donde cada vez que llueve no se puede transitar, familias no pueden salir para ir a trabajar, a la escuela o a lo que sea.
Como lo viene haciendo hace un tiempo, una promesa fuera de lugar.
