Los violentos episodios vividos el miércoles 20 frente a la Cámara de Diputados de la Provincia, durante una manifestación de trabajadores municipales contra la designación de Gustavo Corregido como defensor del Pueblo, terminaron con dos personas heridas de bala. A pesar de la gravedad de los hechos, la investigación no parece haber dado pasos firmes para determinar responsabilidades.
El procurador general cree que los hechos no fueron tan graves como para calificarlos como “intento de homicidio”, y opina que “las imputaciones andarán por lesiones y abuso de armas”. Defendió al fiscal que hizo allanamientos dos días después de los hechos.
El procurador general Jorge Cantero dijo estar convencido de que se trató de “un enfrentamiento entre dos facciones”, refutando salomónicamente las versiones del líder del Sindicato de Trabajadores Municipales: Jacinto Amaro Sampayo, por un lado, que acusa a las autoridades legislativas de ordenar al personal de seguridad de la cámara de reprimir la manifestación a tiros, y la de los diputados Ricardo Sánchez, Hugo Sager y Élida Cuesta, entre otros, que denunciaron haber sido atacados y amenazados de muerte por el mismo Sampayo y por sus seguidores.
Para el funcionario, “hubo disparos desde ambos bandos” aunque sólo se hayan conocido imágenes en las que se ve al empleado legislativo Héctor Alcides Alegre empuñando un revólver con el que apuntaba a los manifestantes. “Hay versiones que demuestran que hubo más personas armadas, pero todavía no se tienen los registros”, dijo.
Para resolver esta duda, contó que el fiscal Francisco de Obaldía aguarda que la Cámara de Diputados de la Provincia remita las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, algo que aún no hizo a pesar de que el requerimiento fue remitido al inicio de la investigación.
Aunque la violencia de los episodios no está en discusión, el procurador Canteros analizó que “la imputación podría ser por lesiones y también puede haber un abuso de arma de fuego”. En el mismo sentido, relativizó la posibilidad de que su visión condicionara la decisión del fiscal de la causa: “El fiscal sabe lo que debe hacer, él no me va a preguntar qué tiene que imputar”, dijo, e insistió: “… creo que por ahí van a rondar las imputaciones”, y desestimó que alguna conducta pueda calificarse como “tentativa de homicidio”.
Paralelamente, el procurador avaló las medidas adoptadas por el fiscal y negó que la causa no tenga la celeridad necesaria. El viernes hubo allanamientos en la sede del STM, en la casa de Jacinto Amaro Sampayo y otro en el domicilio de Héctor Alegre. En ninguno de los tres se hallaron armas que pudieran haber sido utilizadas en los desmanes, un resultado que parece improbable 48 después de los acontecimientos investigados. “Lo que pasa es que el fiscal solicita la medida, pero la orden la imparte el juez”, dijo al defender los tiempos del caso, y en el mismo tono, intentó tranquilizar: “Yo creo que en el transcurso de esta semana podría haber novedades”.