En el caso de Juicio de Residencia, la norma N° 7602 sancionada el año pasado sostiene que todo funcionario público, una vez concluido su mandato o producida la cesación en sus funciones, están sujetos a rendir cuentas de su gestión, del destino de los fondos asignados por presupuesto, de la evolución de su patrimonio personal, a cumplimentar con las declaraciones juradas de bienes personales y a la valoración pública de su desempeño.
La medida se enmarca en el cumplimiento de la Ley de Ética y de Residencia, los cambios producidos en la conducción del Ministerio de Salud del gobierno provincial, motivan a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) a recordar que los funcionarios salientes están obligados a cumplir con las leyes de Ética y Transparencia en la Función Pública, como así también la de Juicio de Residencia, esta última norma alcanza al ahora exministro de Salud, Luis Gómez Samela.
La Ley de Ética establece las pautas que rigen el desempeño de la función pública respecto de los deberes, prohibiciones e incompatibilidades de la conducta de los funcionarios, pero además obliga a las autoridades a tener que presentar la declaración jurada de bienes patrimoniales al inicio y al finalizar su gestión. De esta manera, tanto el ministro como lo subsecretarios que cesaron sus cargos, deberán presentar esas declaraciones dentro de los 15 días hábiles de haberse notificado el fin de sus mandatos.
