Judiciales que mantienen un litigio con la provincia, hace ya 25 años, aseguran no ser los responsables de «quebrantar» la economía provincial, sino que son víctimas de la desidia. Agregan que no aceptaran cobrar con bonos.
Un grupo de demandantes entre los que se cuentan ordenanzas, empleados administrativos, funcionarios, algunos jueces en funciones y magistrados ya retirados del Poder Judicial de la Provincia se reunieron para dar a conocer un comunicado en el que por primera vez de forma de directa dan a conocer su punto de vista sobre la solución que busca el Gobierno para pagar las sentencias firmes que establecen un resarcimiento por los juicios iniciados hace 25 años, en el varias veces denominado “megajuicio”.
En torno al comunicado se reunieron más de 100 personas, entre las que se cuentan ya muchos adultos mayores, mientras que los hoy jueces eran, al momento de iniciar los juicios, todavía empleados.
EL COMUNICADO
Como partes accionantes y a raíz de alguna información tergiversada, consideramos importante hacer saber a la población, algunos aspectos de trascendencia de lo que se conoce como la Demanda Judicial de empleados judiciales. No se trata de un pedido de aumento, no se trata de un reclamo salarial. Estamos, luego de 25 años de reclamo, ante el dictado de sentencias firmes que deben ejecutarse, el Estado perdió todas las vías recursivas y se encuentra obligada a acatar los fallos sobre una deuda que como toda laboral, se considera alimentaria.
Queremos señalar, lo que ningún político puede ocultar, no somos los que ocasionamos el daño al Estado. ¡Somos sus víctimas! Hemos sufrido una decisión arbitraria sobre nuestros salarios mediante una Acordada dictada por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, que violó la ley, y desde el 1991 -ya hace 25 años- produjo un desmedro a nuestros salarios alimentarios. En esa oportunidad, no aceptamos esa injusta decisión por lo cual accionamos reclamando justicia contra los poderosos, contra nuestras propias autoridades, contra quienes solo buscaron réditos políticos circunstanciales y no pensaron en sus empleados.
Durante todos estos años tuvimos que padecer tener que litigar contra el Estado siendo perseverantes porque creíamos tener la razón y que habría justicia; que encontraríamos jueces con coraje, apego a la ley y que no se dejarían presionar. Desde el año 2009 se comenzaron a dictar sentencias que incluso fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; desde entonces estamos esperando que existiera, tan siguiera, una señal o respuesta para intentar solucionar esta demanda.
No se hizo nada para formular una propuesta de pago que evitara la ejecución de las sentencia, no se quiso hacer previsiones presupuestarias para ir pagando a medida que fueron saliendo los fallos, no se quiso escuchar las propuestas que se le formularon para evitar mayores gastos de intereses y honorarios. Han sido los funcionarios del Estado quienes por inacción, falta de interés o imprevisión dejaron pasar el tiempo y acudieron al maltrato hacia el Poder Judicial en todo lo que hace al reconocimiento de sus salarios. ¿No es acaso la forma más clara de sometimiento al poder del Estado que debe controlar a los restantes?
El Estado conocía que las sentencias se estaban ejecutando, pero en estos últimos años no se preocupó en ofrecer propuesta alguna previa a su ejecución. Por el contrario han dilatado, chicaneado todo lo posible para intentar ganar tiempo y tirar la pelota hacia delante para que la pague el que viene. Se han dedicado a presionar y atacar a los accionantes, injuriar a los jueces que actúan a derecho con el dictado de fallos firmes y ejemplares. Insistentemente repiten lo que han hecho desde hace años, patear para adelante sin buscar soluciones racionales; se sigue denostando a empleados judiciales por un reclamo que ha sido declarado justo por el más alto Tribunal de la Nación. Y esta pelota reventó, y todos sabían que esto iba a pasar, pero irresponsablemente, solo jugaron a prolongar la agonía y hacer el cuadro aún más grave.
A nadie importó que se trate de deudas salariales de carácter alimentario. Durante este tiempo los actores se han jubilado, se han enfermado y algunos han fallecido sin cobrar sus juicios. Una prolongada e injusta agonía de quienes solo pretendían justicia.
Ahora intentan y amenazan con hacernos responsables de quebrantar la Provincia, como si fuéramos nosotros los responsables de generar esta deuda. No somos los responsables, sino sus víctimas. Los únicos responsables son los funcionarios que ocuparon y ocupan los más altos poderes del Estado, son los que gestaron el daño, y son los que no pudieron solucionarlo a tiempo. Ni tampoco les interesó.
El actual Gobierno ha dicho que quieren solucionar esta situación, peticionando autorización a la Cámara de Diputados para endeudarse. Queremos aclarar que sólo la cuarta parte del monto que se solicita sería para abonar estas deudas judiciales.
Se pretende que los montos que se consigan una vez aprobado el empréstito y serían receptados por el Gobierno, quien mediante el Banco del Chaco, pretende otorgarnos un préstamo a los empleados judiciales que sería cancelado en 10 años. Después de 25 años, se pretende llevarlo a 35 años.
Cancelar deudas salariales con bonos es ilegal, por lo cual rechazamos que se pretenda ofrecer otra forma de pago que no sea en efectivo y en tiempo razonable. Sostener que sean cancelados en diez años es un insulto ¿Esto es tutela judicial efectiva y plazo razonable? De ser así nos obligarían a seguir accionando judicialmente, a mantener los embargos y seguir recurriendo actos del Estado que son irrazonables y arbitrarios. Será responsabilidad de los legisladores y actores políticos seguir agravando la deuda o encontrar una propuesta racional y prudente para todos.
No aceptamos ser rehenes de un gran negocio bursátil y financiero. Rechazamos que ese dinero ingrese al Estado, gestionándolo por medio del Banco del Chaco, quien a su vez nos prestaría mediante un crédito –nuestra propia reparación- para que con ellos podamos cancelar deudas con la entidad y sea cancelado finalmente en diez años más; claro que cobrándonos costos y comisiones. No se nos entregaría dinero sino deuda ante el Banco. Lo cual es Insostenible.
Confiamos que vuelva la cordura, que lo que manifestado por el Gobernador Peppo sea cierto, que los Diputados de uno y otro bloque partidario, actúen responsablemente ante un juicio que se ha perdido, que se trata de deudas alimentarias, de trabajadores mayores de edad. Que no queremos ser partes o rehenes de negocios bursátiles o financieros, donde se nos pretende pagar en bonos. Ya en otra oportunidad se nos pagó con bonos deudas salarial, donde la mayoría solo pudo canjearlos por porcentajes menores o han sido estafados entregándolos a delincuentes que han hecho un gran negocio financiero. Que esto no se convierta en una nueva estafa hacia salarios de empleados del Estado, no aceptaremos más víctimas de turbios negociados financieros.
Solicitamos que la ley que se dicte, si dispone obtener créditos para pagar los juicios. Debe disponer expresamente que será destinado a ello y no trasladarse a los declarantes un nuevo problema y nuevas dilaciones.
Comprendemos la situación financiera de la Provincia, comprendemos que el monto produce problemas presupuestarios, pero no queremos ser usados como excusa de algo que no hemos ocasionado. Solicitamos que la ley estipule con precisión el destino de los fondos y este sea para el pago en efectivo reglamentando una forma razonable para hacerlo. Y esperamos que esta vez, será justicia.
