Es una de las medidas anunciadas por el presidente para paliar la difícil situación económica y social del país. Expertos aseguran que tendrá impacto en la reducción de la pobreza, pero que es una estrategia insuficiente para un tema tan profundo y dinámico.
Quitar el IVA sobre los productos de la canasta familiar (que delimita el umbral de indigencia), propuesta por el presidente de la Nación, Mauricio Macri «para beneficiarios de programas sociales, becas de empleo y jubilados favorecería a 481.000 personas y aparece como una iniciativa promisoria pero insuficiente», explicaron los economistas de la fundación Mediterránea Gerardo García Oro y Luis Laguinge, quienes reconocen que «la herencia recibida por el nuevo gobierno nacional en términos sociales resulta sumamente preocupante».
«La aplicación de esta medida podría lograr que unas 481.000 personas salgan de la pobreza, y otras 355.000 abandonen la condición de indigencia, pero persistan por debajo de la línea de la pobreza», que hasta el segundo semestre de 2015 alcanzaba a 12,2 millones de personas, explicaron los economistas.
«No obstante, la reducción de la pobreza y la indigencia sería de 1,1 y 1,4 puntos porcentuales respectivamente, con relación a los niveles de pobreza e indigencia observados en 2015, que ascendían al 28% y 5,9%», expresan los expertos en el informe.
«Si bien esta medida favorecería fundamentalmente a reducir la pobreza infantil y entre jóvenes, los resultados de esta estrategia resultan insuficientes para contrarrestar la magnitud y profundidad de la pobreza», estiman los analistas.
García Oro y Laguinge estiman que «la medida tendría un costo fiscal equivalente a un 5% de la actual recaudación de IVA y cercano al 50% de los recursos que durante 2016 se destinarán al programa Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo; un nivel significativo que no debe ser excluido del análisis de costo-efectividad de la medida».
«La lucha contra la pobreza requiere emprender políticas integradas que ataquen las múltiples aristas de la problemática, focalizada sobre la situación específica de cada segmento social, sumado a políticas generadoras de entornos laborales formales, inclusivos y promisorios», sostuvieron los especialistas.
«Hasta el segundo semestre de 2015 (última información disponible) la pobreza y la indigencia, medidas en términos monetarios alcanzaban al 28% (12,2 millones de personas) y al 5,9% (2,4 millones de personas) de la población respectivamente», precisa el informe de la Fundación Mediterránea.
La situación social recibida por el nuevo gobierno «se habría visto agravada en los últimos meses debido a la aceleración del proceso inflacionario ocasionada por los necesarios ajustes de precios relativos realizados en diferentes sectores de la economía».
En este contexto, «la actual administración parece decidida a emprender una serie de medidas con el objetivo de amortiguar el deterioro de los ingresos de los sectores más vulnerables de la población».
Los analistas recuerdan que esta iniciativa fue anunciada por el presidente Mauricio Macri en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación: el envío de un proyecto de ley cuyo contenido consiste en la devolución de parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en los productos de la Canasta Básica Alimentaria medida por el INDEC a los jubilados y pensionados y beneficiarios de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo.
Con el objetivo de estimar el impacto social y fiscal que esta política traería aparejado, los economistas de la Fundación Mediterránea realizaron una simulación de la misma con las restricciones propias de la información disponible.
En esta simulación se consideró como escenario inicial al compuesto por las tasas de pobreza e indigencia estimadas en base a los últimos datos ofrecidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondientes al segundo semestre del 2015.
Debido a que aún no se conocen los detalles del proyecto, en la simulación se estableció como supuesto una rebaja de 15 puntos porcentuales para aquellos productos afectados por una alícuota del 21% y una total para los bienes alcanzados por una alícuota del 10,5%.
Posteriormente, se estimó el peso total del impuesto sobre el total de la CBA y se calcularon nuevamente las tasas de pobreza e indigencia con el reintegro correspondiente incluido para los grupos beneficiados.
Los niños (menores de 18 años) son los más beneficiados por la medida: la tasa de indigencia en ese rango etario pasaría de un 8,5% al 7,4% (lo que significa que 180.000 infantes superarían esta condición).
Los resultados de la simulación indican que la pobreza se reduciría en un 1,1 puntos porcentuales (481 mil personas) y la indigencia en 1,4 puntos porcentuales (355 mil personas). Por otro lado, pueden extraerse conclusiones interesantes al observar el impacto por rango etario.
Es así que los niños (menores de 18 años) son los más beneficiados por la medida: la tasa de indigencia entre los mismos pasaría de un 8,5% al 7,4% (lo que significa que 180.000 infantes superarían esta condición).
En cuanto a la pobreza infantil, la misma presentaría una disminución del 1,7 puntos porcentuales (es decir, 183 mil niños).
Esta importante reducción permite pensar en la Asignación Universal por Hijo como una eficiente vía de entrada al programa para los niños.
«Es importante destacar que este rango etario sea el más favorecido ya que el mismo representa al 43% de la población en condiciones de pobreza (y al 48% de los afectados por la indigencia). También los jóvenes resultan favorecidos por la implementación del reintegro ya que la tasa de pobreza entre los mismos presentaría un descenso de 1,4 puntos porcentuales y la de indigencia de 1 punto porcentual (46.000 y 63.000 jóvenes respectivamente)», consignaron los autores del estudio.
El impacto es más reducido entre los demás grupos poblacionales.
La reducción de la pobreza y la indigencia sería del 1,1 puntos porcentuales y de 0,6 puntos porcentuales entre los adultos en edad laboral. De todas maneras, el resultado es importante en términos absolutos ya que 197.000 personas superarían la primera condición y 118.000 la segunda.
Con respecto a los adultos en edad jubilatoria, la disminución en la tasa de pobreza sería de apenas un 0,7 puntos porcentuales (37.000 personas) y de 0,1 puntos porcentuales en el nivel de indigencia (unas 10.000 personas).
«En conclusión, la política parece estar correctamente focalizada ya que produce un mayor impacto a medida que los diferentes segmentos etarios presentan condiciones de pobreza e indigencia son más agudas (niños y jóvenes).
Posiblemente la inclusión de los beneficiarios de la AUH y el plan Progresar en el programa de reintegros tenga que ver con la eficiencia de la medida», sostiene el estudio.
