La secretaria de la Sala Civil, Comercial y Laboral del STJ Marta Colussi, se refirió al caso del pequeño que se encuentra bajo tutela y protección del Ejecutivo provincial a través de la Dirección de Minoridad. Bajó las expectativas sobre su situación de adoptabilidad en tanto que requieren, como prioridad, establecer el contexto del menor.
Marta Colussi del Registro de Adoptantes, expuso sobre la situación del pequeño que fue hallado la semana pasada en un basural en Resistencia, quien aún se encuentra en el Hospital Perrando bajo la protección del Ejecutivo Provincial a través de la Dirección de Minoridad del Ministerio de Desarrollo Social.
Dijo estar al tanto de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Investigaciones, sin novedades aún sobre su madre o familiar alguno; y aunque entiende que el caso del pequeño despertó en la sociedad «mucha sensibilidad» en cuanto a su adopción explicó que lo «prioritario es saber de qué realidad está surgiendo este niño. Tiene que haber una madre».
Apeló así a la colaboración de la comunidad: «Cualquier información que se tenga sobre esto, de haber conocido alguien a una embarazada, es importante que se acerque a cualquier organismo del Estado. Al Fiscal de Investigación, a Desarrollo Social, al Poder Ejecutivo o a un Juzgado de Menores, incluso al Registro de Adoptantes», dijo. Y reiteró que «es importante contar con el dato que la gente pueda aportar. La sociedad puede ser un gran colaborador en la protección de derechos de este niño».
Colussi manifestó que como Registro de Adoptantes aún no tienen injerencia alguna sobre el pequeño que está bajo tutela del Ejecutivo. En ese sentido, explicó que una vez que se determine el entorno familiar del pequeño, la falta de ese entorno, el paso siguiente es iniciar una causa judicial a los fines de declarar la situación de adoptabilidad.
La celeridad en todos estos pasos administrativos, en tanto que se trata de una situación de suma vulnerabilidad, es también de vital importancia para «que no se prolongue una institucionalización del niño», explicó.
«La ley también establece que habiendo un familiar que quiera asumir el cuidado del niño, este no pude entrar en situación de adoptabilidad. O sea que hay que hacer una investigación de cuál es la realidad», indicó a la vez que transmitió: «Entiendo la gran sensibilidad que genera la situación del bebé y las expectativas de adopción».
Los pasos hacia la adopción
Colussi despejó otras dudas que hacen a los pasos que se siguen para llegar a una instancia de adopción, ya no en el caso específico del bebé hallado sino en general el caso de todos los menores que llegan a esa instancia.
«Para la adopción de cualquier niño, sea un bebé o más grande, debe haber una decisión judicial. Es decir, el órgano de protección que interviene ante la vulneración de derechos del niño (en este caso el Estado provincial), agotadas todas las posibilidades de que ese niño pueda desarrollarse con su entorno familiar debe pedir al juez la intervención para declarar la Situación de Adoptabilidad. Una vez que existe esa resolución se notifica inmediatamente al Registro de Adoptantes», indicó.
Informó que en la actualidad el Registro de Adoptantes cuenta con 101 postulantes «que han sido evaluados y que están en la lista de espera para acceder a la adopción de un niño». «Frente a este caso concreto que está resonando nuestro Registro de Adoptantes tiene 101 personas evaluadas, disponibles para ese niño», precisó.
Reparó en que si bien «el caso de este bebé genera una gran sensibilidad es importante que la sociedad también sepa que los niños que llegan a situaciones de adoptabilidad también están, aunque tengan 5 o 10 años, y viene también de situaciones de gran afectación de sus derechos. Por eso, desde el Registro, siempre llamamos a la sensibilidad de la gente para que amplíe su disponibilidad adoptiva en función de quienes son los niños que llegan a la Declaración de Adoptabilidad».
En la tarea de definir la persona adoptante, explicó que no sólo le cabe al juez sino que es un «trabajo conjunto con el Órgano de protección de derecho, o sea con el Poder Ejecutivo, y con el equipo interdisciplinario de ambos Poderes, entre quienes se llega a una evaluación para encontrar al adoptante que mejor responda al perfil y a la situación que presenta el menor».
