El fiscal federal de primera instancia de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó al Juzgado de Garantías de Sáenz Peña que se inhiba en la causa en la que se investiga a los responsables por la sedición policial de diciembre de 2013. En junio de 2015, Casación Penal había confirmado la competencia de la justicia federal.
A pesar de que en junio de 2015 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró la competencia de la justicia federal para continuar con la investigación por la sedición policial de diciembre de 2013 en la provincia del Chaco, una causa se siguió sustanciando en la justicia ordinaria de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña e incluso se encuentra en instancia de elevación a juicio oral y público, en donde el principal imputado es el excomisario Juan Ramón Cantero.
Es por eso que a principios de marzo de este año el fiscal federal de primera instancia de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió al Juzgado de Garantías de la ciudad Termal que se inhiba de continuar con la causa para que la misma siga su curso en el fuero federal en donde las figuras delictivas que se le imputan a casi un centenar policías chaqueños prevén penas mucho mayores que las que derivarían de una condena en un juicio oral ante la justicia ordinaria.
10 de marzo pasado el fiscal Sabadini rechazó un planteo realizado por el imputado Juan Ramón Cantero quién reclamó la “incompetencia territorial” de la justicia federal de Resistencia señalando que ya prestó declaración indagatoria en la ciudad de Sáenz Peña ante los fiscales provinciales Marcelo Soto y Marcelo de Jesús Festorazzi considerando que no podía ser juzgado dos veces por un mismo delito.
Los hechos
Incitación a la violencia colectiva y sedición: esos fueron los delitos que el equipo del Ministerio Público que integraban los fiscales federales Patricio Sabadini, Carlos Sansserri, Carlos Amad y Federico Carniel, les imputaron a un centenar de personas -en su gran mayoría policías y agentes penitenciarios, aunque también civiles- en el marco de la investigación abierta de oficio por la sublevación policial que protagonizaron uniformados de la provincia durante los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2013.
El hecho se produjo con el objetivo de forzar un aumento salarial y mejores condiciones laborales, en simultaneidad con lo que sucedía en otras ciudades del país. Los fiscales consideraron que la incitación a la violencia colectiva estuvo agravada con la finalidad “aterrorizar a la población” y, además, que la sublevación de casi todas las policías provinciales era un “suceso de inusitada gravedad institucional y de repercusión nacional”, que alteró de lleno la “vida democrática de la República, bien jurídico que aun a nivel local, [es] garante el Estado Federal”.
La competencia
No obstante el avance de la causa se produjo un conflicto de competencia entre el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado Federal de Resistencia a cargo de Carlos Skidelsky y, de oficio, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia declaró la incompetencia de la justicia federal. Recurrida la resolución ante Casación, a mediados de 2015 la Sala IV consideró que la causa sí era de competencia federal y ahora desde la Fiscalía Federal aguardan que la justicia saenzpeñense se inhiba para poder solicitar la indagatoria de los imputados ante el Juzgado Federal de Resistencia.
