Así lo reconoció Roberto Medina, funcionario a cargo del área. Además, reconoció que por los elevados costos en otros servicios y productos, el pasaje del colectivo tiene un precio desactualizado.
Roberto Medina, subsecretario de Transporte del Chaco, manifestó en las últimas horas que el Gobierno Provincial mantendrá el compromiso que tiene para dejar el boleto de colectivo cercano al acceso de las familias chaqueñas y que no se vea afectada, en gran medida, su econimía diaria.
Medina explicó que en el mes de marzo la audiencia pública realizada en la provincia sobre este tema decidió un incremento del 20% a partir del 20 de abril y una suba del 11% a comienzo de julio, dejando el precio a $6,10.
Esto tuvo que ver con un análisis de costos efectuado por la Provincia y el municipio de Resistencia, sumado al debate en audiencia pública, conforme a las legislaciones vigentes. El juez Julián Flores, en tanto, resolvió decretar una medida cautelar contra lo ordenado por la Resolución nº 0700/16 del Ministerio de Infraestructura y Servicio Público de la provincia del Chaco, y por consiguiente ordenó la suspensión de sus efectos.
Sobre el precio actual, de $5.50, Medina expresó: “nos pareció saludable para la economía del usuario. Las directivas del gobierno nacional fueron aumentar un 100%, pero hoy es posible mantener este precio gracias al aporte importante del gobierno de la provincia en absorber ese impacto”, manifestó.
«Hoy por hoy el costo de la tarifa está desactualizado, porque el combustible aumentó un 30% y tenemos una inflación del 40%, es decir, que los costos serían mucho más elevados. Hablaríamos de una tarifa por encima de los 8 pesos”. En este sentido, resaltó las acciones implementadas desde el gobierno y la iniciativa de acordar un incremento paulatino para “no afectar la economía del trabajador”, agregó.
Finalmente remarcó que “defendemos estas herramientas porque están enmarcadas en lo que establece la Ley del Transporte de la Provincia y se cumplimentó los pasos de la audiencia pública. Lo hicimos administrativamente y fundamentalmente para defender la economía del usuario”.
