El abogado querellante lo hizo ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. El dirigente social murió luego de ser reprimido por manifestarse en la ruta, y por el caso todavía no hay imputados. La causa está paralizada.
Ángel Verón, dirigente piquetero del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) «No al desalojo», falleció el pasado 19 de octubre de 2015 luego de ser reprimido por las fuerzas de seguridad del Chaco durante una manifestación que realizó junto a sus compañeros en la Ruta 11, en reclamo de mejores condiciones de vida y trabajo al gobierno de Jorge Capitanich.
Sus últimos días los pasó internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Perrando, donde estuvo peleando por su vida cerca de un mes, sin poder recuperarse de las graves lesiones en la zona abdominal provocadas por los golpes de efectivos de la Comisaría Cuarta, Infantería y el Comando de Operaciones Especiales (COE).
A raíz de esta situación, el hecho pasó a la justicia, específicamente bajo la carátula de «apremios ilegales». Cabe destacar que la causa está paralizada, así lo aseguróMarcelino Leiva, el abogado querellante que representa a la familia.
Sobre la causa
«La causa está paralizada desde el año pasado, cuando se han terminado las testimoniales y no se han producido avances en el sentido que al día de hoy el fiscal de Derechos Humanos, Daniel Turraca, no ha imputado de ningún delito a ninguna de las personas responsables de la muerte de Verón”, expresó el profesional.
En este sentido, Leiva solicitó el cambio de la carátula, para que se tome dicha muerte como un homicidio perpetrado por los efectivos policiales involucrados y con responsabilidad del Estado. Lo hizo ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
Leiva responsabilizó puntualmente al comisario inspector Nicolás Rubén Acuña (jefe de la Comisaría Cuarta); al comisario principal Juan Domingo Penayo (subjefe de la Policía del Chaco que estuvo a cargo del fatídico operativo); al cabo Martín Benítez y los agentes Lucas Aquino; Lucas Gabriel Santana; Antonio Emanuel Arévalo; Darío Orlando Bernal y Francisco Careen.
Asimismo, expuso que trabajará para que citen a declarar como imputados por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público al comisario mayor de la Policía, Marcelino Blanco (a cargo de la Supervisión Zona II Metropolitana), al comisario general Pedro Sosa y al comisario general Ariel Acuña.
Finalmente, Leiva comentó que la situación que vive la familia de Verón es crítica. Son diez hijos y una viuda que contaban con el sustento que proveía el dirigente social a partir de pequeños emprendimientos agrícolas y porcinos, y que en la actualidad están desamparados.
«Ángel Verón fue expulsado de todos los lugares donde trabajaba la tierra, hasta terminar con su vida, cuando lo único que reclamaba era un lugar donde vivir dignamente, y desempeñarse como pequeño agricultor. Lamentablemente terminó muriendo», sentenció el abogado.
