Países latinoamericanos más denunciados: Cuba , Venezuela y México. En 2015 fallecieron 63 periodistas y 54 están secuestrados. Ejercer la libertad de prensa es cada vez más complicado y arriesgado en un mundo donde los periodistas son amenazados por gobiernos y poderes fácticos y usados como moneda de cambio en conflictos por grupos terroristas.
En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, Reporteros sin Fronteras (RSF), una de las principales ONG defensoras de esta profesión, constata en su informe anual el «deterioro profundo y preocupante de la capacidad de los periodistas para ejercer su oficio y su función en total libertad o independencia».
La ONG critica especialmente a países «cuyos dirigentes pueden jactarse de haber amordazado la información» en el último año.
Algunos de ellos ya son reincidentes: Arabia Saudí, Irán, Corea del Norte, Burundi, Eritrea, Azerbaiyán, Cuba, Venezuela, Rusia o China, pero otros han entrado en esta nefasta lista: Egipto, Tailandia o Turquía, donde se han reforzado drásticamente los controles sobre los periodistas.
Los líderes de estos países aducen que el control de los medios es necesario para mantener la seguridad y la estabilidad y bajo este argumento Egipto, por ejemplo, mantiene encarcelados a más de una veintena de periodistas, mientras en China cumplen penas decenas informadores críticos con el sistema.
«Incitar a la subversión contra el poder del Estado», «difundir informaciones falsas» o «incitar a la violencia» se han convertido en la fórmula para hacer callar a quienes disienten de las opiniones de gobiernos o grupos armados.
En países occidentales, la lucha contra el terrorismo, cada vez más activo, sirve de coartada para limitar la libertad de información a través de leyes represivas, según critican las ONG.
Aunque no es el único caso, Amnistía Internacional cita el ejemplo reciente de Francia, golpeada este año por varios atentados yihadistas con decenas de víctimas mortales, y que ha endurecido leyes que afectan a la libertad de prensa.
Tanto AI como RSF recordaron que en 2015 fallecieron 63 periodistas en el ejercicio de su profesión y otros 40 fueron asesinados, sin que se conozca aún el motivo de su muerte, y a estas cifras se suman las muertes de 19 ciudadanos que ejercen como informadores y 6 colaboradores de medios.
Muchos de ellos murieron en coberturas de alto riesgo pero analistas de todo el mundo coinciden en señalar que el reportero, antes mero testigo de guerras o catástrofes humanitarias, ahora se ha convertido en moneda de cambio para algunos grupos terroristas que los usan para chantajear a los gobiernos y obtener prebendas.
RSF señala en su último informe que 54 periodistas se encuentran secuestrados en el mundo por organizaciones terroristas o criminales.
Es una actividad ya frecuente para organizaciones como Estado Islámico, Al Qaeda, Al Shabab y otras de corte yihadista que han convertido en negocio los secuestros que, a la vez, imposibilitan al periodista hacer una cobertura segura en algunos puntos del mundo.
Los ejemplos más evidentes se dan en Siria o en Libia, donde resulta prácticamente imposible o, al menos muy arriesgado, cubrir estos conflictos con unas mínimas condiciones.
Complicada es también la situación de México, un país donde la libertad de información se ha deteriorado rápidamente en los últimos años y donde la prensa sufre la doble amenaza de grupos criminales y organizaciones de narcotraficantes, y del gobierno, que usa leyes restrictivas para censurar a reporteros, según el último informe Forbes.
Precisamente, en el Día de la Libertad de Prensa, un nuevo informador se ha sumado al largo listado de víctimas. El periodista hondureño Félix Molina resultó herido de bala en un atentado en Tegucigalpa.
«Lamentablemente seguimos habitando un país de alto riesgo donde los periodistas que ejercemos la profesión de manera independiente y tocamos los temas sensibles estamos expuestos a estos hechos», dijo Molina tras se atacado.
Un argumento desgraciadamente aplicable a otros muchos casos y que parece no va a perder vigencia en mucho tiempo.
Y eso pese a los esfuerzos de ONG y algunos gobiernos que han pedido oficialmente la creación de un Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Seguridad de los Periodistas.
Sociedad interamericana de prensa
Desde esta institución internacional, se emitió un comunicado en que se señala que, junto UNESCO la Sociedad Interamericana de Prensa (SIp), celebtra el Día Mundial de la Libertad de Prensa «enarbolando el lema: El acceso a la información y a las libertades fundamentales: ¡Es tu derecho!», con la aspiración de crear una cultura de apertura y transparencia que permita a las sociedades ser cada vez más democráticas.»
La misiva continúa: «Lamentablemente, no en todos los países de la región se camina al mismo ritmo y persisten cortapisas a la solicitud de acceso a la información y prácticas demagógicas de los organismos públicos. En países como Venezuela, Argentina, Bolivia y Costa Rica, no existen leyes de acceso a la información, aunque en algunos de ellos se analizan iniciativas de ley».
En Ecuador, «el gobierno bloquea el acceso a la información, cuya Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2004 quedó sin efecto con la aprobación de la ley mordaza en 2013. Una situación similar ocurre en Nicaragua, donde el gobierno ignora la Ley de Acceso vigente desde 2008, mantiene a raya y presiona a los periodistas y medios a través de la distribución discriminada de la publicidad oficial».
En Honduras, «con la excusa de garantizar la seguridad nacional, el Gobierno, la Policía y la Fiscalía limitan el acceso a la información pública, y en Puerto Rico las autoridades entregan información fragmentada y el acceso a la información oficial enfrenta cada vez mayores obstáculos».
La carta señala de algunos avances en la región: «En Argentina los diputados discuten un proyecto de acceso a la información, pedido de larga data de la SIP y organizaciones locales de prensa. En Paraguay la promulgación de una ley de acceso a la información pública en 2014 estableció la obligación de publicar en un portal designado información sobre salarios, viajes oficiales, contratos, entre otros datos de las instituciones públicas».
(…)Reiteramos como un desafío importante el que las iniciativas de ley de acceso a la información pública contemplen también sanciones a funcionarios que se nieguen a entregar información. Así mismo, se debe garantizar que estos estatutos estén enmarcados en los principios de apertura y transparencia, que los procesos de entrega de información sean procesos expeditos y las excepciones a la ley se establezcan previamente, tal como se consigna en el documento «Consideraciones sobre legislación de acceso a la información pública», elaborado durante la Cumbre Hemisférica de los Congresos Nacionales de las Américas sobre Libertad de Prensa, organizada por la SIP en 2004″.
Y finaliza: «Como institución nos sumamos a esta campaña global con el deseo de que todos los periodistas conviertan al hashtag #wpfd2016 en tema de tendencia (trending topic) con la idea de fomentar una cultura de apertura y transparencia».
