El dirigente del Frente Renovador se reunió con Leopoldo Medina, de la Unión Ferroviaria, y se comprometió a seguir de cerca el proceso por el cual se pretende “repatriar” los ferrocarriles del ex SEFECHA, actual SOFSE, con un alto riesgo de impacto salarial negativo en los casi 400 trabajadores de la empresa.El titular del Frente Renovador en la provincia detalló que mientras el gobierno de María Eugenia Vidal se encuentra en plena transferencia de los trenes provinciales al Estado nacional, en Chaco el camino es inverso y se parece más al que transitó el kirchnerismo al traspasar a la Ciudad de Buenos Aires, con los subsidios congelados y sin fondos para inversiones, el sistema de subtes, lo que alentó un tarifazo en el transporte y, en el caso de Chaco, podría significar la desaparición del servicio.
El artículo 3 de la Ley 27.123 es el corazón de la reivindicación de los ferroviarios chaqueños, ya que determina el compromiso del Ejecutivo nacional en apoyar y reasumir la administración del sistema de ferrocarriles en todo el país, algo que ahora se está revirtiendo, al menos en lo que respecta a los servicios de pasajeros.
Según Medina, que se jacta del papel gravitante que tuvo su gremio en la nacionalización del SEFECHA, los ingresos de los trabajadores mientras estuvieron en la órbita de la provincia eran magros y en su mayoría estaban fuera de convenio. A título de ejemplo, los guardabarreras (una actividad existente en el escalafón) eran banderilleros, estaban contratados y en situación precaria.
“Detrás de este conflicto hay varios frentes preocupantes -advirtió Sánchez-, pero si la provincia del Chaco accede inopinadamente a las pretensiones del gobierno nacional, todo se va a ver reducido a un lento pero inexorable abandono del sueño del trencito chaqueño”.
En ese sentido, destacó que la provincia no está en condiciones de absorber medio centenar de trabajadores, además de abordar una reconstrucción integral de la infraestructura del Sofse para reactivar el servicio, especialmente en el ramal metropolitano entre Puerto Tirol y Puerto Vilelas, que se encuentra suspendido.
“El costo operativo de los tres ramales ronda los 16 millones de pesos, de los cuales 11 millones se destinan a sueldos. La propuesta nacional es sostener esos gastos por un año, pero después tendrán que irse todos a sus casas porque la provincia no tiene de dónde sacar esos fondos”, analizó el dirigente.
