La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de seis agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) acusados por el delito de “torturas” a internos de la Unidad 7 (U7) de la capital chaqueña.
La magistrada tomó la decisión el pasado 13 de mayo en calidad de subrogante del Juzgado Federal Nº 1. Posteriormente, el fiscal federal de primera instancia, Patricio Sabadini, solicitó a la jueza de la causa el apartamiento de los seis penitenciarios procesados de cualquier tipo de contacto con los denunciantes y de las personas que puedan oficiar como testigos en la causa.
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó sin prisión preventiva por torturas a seis agentes penitenciarios de la cárcel federal de la capital chaqueña. En tanto, el fiscal federal Patricio Sabadini pidió que sean apartados de cualquier contacto con las víctimas y/o los testigos que declararon contra ellos.
La resolución de la jueza Niremperger se da en el marco de una causa iniciada en el mes de septiembre de 2013, una época en la que recrudecieron las denuncias de internos por apremios ilegales y torturas en la cárcel federal de Resistencia, considerada como una de las más crueles y brutales del país, a tal punto que motivó una intervención activa desde la Procuración General de la Nación a través de los fiscales del distrito y también de la Procuraduría especializada en casos de Violencia Institucional (Procuvin). En ese contexto, el por entonces titular del Juzgado Federal Nº 1, Carlos Skidelsky, creó una mesa de diálogo con todas las partes en la que se acordaron una serie de medidas para mejorar las condiciones de detención de los internos de la U7.
De “apremios ilegales” a “torturas”
En su resolución, luego de analizar las testimoniales y las pruebas aportadas a la causa, la jueza Niremperger coincidió con el pedido del fiscal federal de procesar por el delito de “torturas” a los agentes penitenciarios teniendo en cuenta que originalmente la causa se había iniciado bajo la figura de “apremios ilegales”. El delito de “torturas” (art. 144 ter del Código Penal) prevé penas de reclusión o prisión que van de los 8 a los 25 años e inhabilitación absoluta.
Pedido de apartamiento
Por su parte, en una presentación a la que también tuvo acceso este portal, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó a la jueza de la causa el apartamiento de los agentes denunciados para proteger la seguridad y la integridad tanto de las víctimas que denunciaron como a los testigos. En su escrito, Sabadini señala que “se considera conveniente y necesario, tanto para la seguridad de otros detenidos en general, así como para los testigos y víctimas, que el juez adopte las medidas necesarias para garantizar la separación de los imputados de cualquier actividad y/o funciones que impliquen la posibilidad de mantener contacto y/o relación con las víctimas, testigos y/o sus familiares y/o con cualquier otra persona privada de libertad, delegando en el Director del Servicio Penitenciario Federal- UNIDAD N°7- la asignación de las tareas y/o funciones que estime cumplen con tales requisitos, sin afectar sus haberes ni sus condiciones laborales”.
Entre los fundamentos de su planteo, el representante del Ministerio Público Fiscal puntualiza que “se considera necesario la adopción de medidas en el orden preventivo, tendientes a garantizar la prevención, en cumplimiento de obligaciones vigentes no solo en el orden normativo local sino también en el marco normativo internacional de los derechos humanos”. Y agrega que en este caso en particular, por tratarse la víctima de una persona privada de su libertad, “adquieren especial relevancia los instrumentos internacionales específicos en cuanto reconocen derechos fundamentales y establecen obligaciones a cargo de los Estados en relación a las personas privadas de su libertad”, en referencia a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
