El Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, y el fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer, requirieron instrucción formal contra Pont por la presunta comisión de al menos cuatro delitos agravados, en su posible rol de obstrucción y garantía de impunidad a una organización dedicada a la explotación de víctimas de trata en dos locales nocturnos y un hotel de Paso de los Libres, donde fueron rescatadas 19 mujeres en lo que va del año.
La denuncia surge de los lazos detectados entre Pont con los responsables del negocio de la prostitución en Paso de los Libres, a raíz de una investigación abierta en diciembre pasado.
De acuerdo con los términos de la denuncia a la que tuvo acceso Télam, al representante del Ministerio Público se lo acusa de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento a los deberes de funcionario público, así como de encubrimiento y coacción agravados.
Para Colombo y Schaefer, el fiscal federal, que investigara los lugares dedicados a la prostitución a lo largo de los años siempre «sin éxito», resultó «ser amigo y socio comercial del dueño y administrador del hotel referido y cuñado de otro imputado que también estaría vinculado a la titularidad de este lugar».
Por ese motivo, en diciembre pasado Pont fue apartado de todas las causas por trata de personas en su jurisdicción. En el marco de la investigación, cuyo expediente obra en el juzgado federal de Paso de los Libres a cargo de Cristina Pozzer Penzo, el 10 de enero se realizó un allanamiento con la liberación de 12 mujeres víctimas de trata. El 30 de marzo fueron rescatadas otras 4, y el 16 de mayo último otras 3 mujeres.
El caso tiene marco en el expediente FCT 7789/2015/1 del Juzgado Federal de Paso de los Libres, en el que se logró verificar e identificar a las personas que formaban parte de una organización criminal destinada a la «captación, traslado y acogimiento de un número indeterminado de mujeres con fines de explotación sexual».
Quienes lideraban esta organización pusieron en funcionamiento dos whiskerías («Roxi» o «Puro Movimiento», y «Baliza» o
«Dancing»), «en los que se ofrecían y realizaban los servicios sexuales de las mujeres prostituidas, y un hotel (Momentos), en el que también se concretaban estos servicios y en el que, además, se alojaba a las víctimas previamente captadas y trasladadas para su posterior explotación, conformando así un único sistema prostibulario», indicaron.
Según la investigación, se corroboró «que el fiscal federal Benito Pont, en su calidad de tal, habría realizado aportes para garantizar la impunidad de José María Viero (su cuñado) y Ricardo Aguirre (ex -socio comercial) y de los otros miembros de la organización, que consistieron tanto en maniobras omisivas como en acciones».
De hecho, Pont «actuó como fiscal federal en al menos tres causas que involucraron a los locales Puro Movimiento, Momentos y Balizas como objeto de la pesquisa, sin embargo, y a sabiendas que en uno de esos inmuebles («Hotel Momentos») fue adquirido por su cuñado José Viero, y era explotado en los papeles por Clelia Espada (esposa de Ricardo Aguirre, y ex socia del fiscal federal Benito Pont, en una sociedad del año 1989), no se excusó», revelaron fuentes de la fiscalía de Schafer a Télam.
«Es más, se les daba trámite, pasaba el tiempo y concluía en la declaración de incompetencia de la causa, aduciendo que solo se estarían cometiendo delitos de explotación sexual», subrayaron y mencionaron que las causas «pasaban a la jurisdicción provincial, por lo cual se está averiguando su suerte».
