Tras la aprobación del proyecto de ley ómnibus, por el cual se busca, por un lado, actualizar las jubilaciones de un grupo de jubilados y, por otro, habilitar un nuevo blanqueo de capitales, una moratoria impositiva y a la seguridad social, una reforma de los impuestos a los Bienes Personales y la Ganancia Mínima Presunta y un acuerdo para la devolución del 15 por ciento de coparticipación a las provincias, entre otras cuestiones, la diputada Beatriz Bogado manifestó su preocupación por el posible desfinanciamiento del sistema jubilatorio.
La diputada provincial Beatriz Bogado manifestó su “profunda preocupación ante el proyecto de ley ómnibus aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación y que ahora debe tratar el Senado, ya que distintos especialistas vienen anticipando que puede poner en riesgo la sustentabilidad de todo el sistema previsional de reparto”. Advirtió además que “el tema es estratégico para el futuro de los trabajadores y su grupo familiar, por lo cual se debe estar alerta en cada organización sindical”.
Bogado se refirió a la discusión que se está dando en el Parlamento y puso de relieve que “en el marco del paquete de leyes que es la prioridad en la agenda nacional, esta reforma previsional parece disimulada pero representa realmente un elemento central en el debate acerca del proyecto de país que queremos. Desde el Chaco hemos dado un modelo de lucha en defensa del sistema solidario y de reparto en las jubilaciones, cuando en la década del 90 se impulsaba los traspasos de las cajas para luego llevarla hacia las privatizaciones de los beneficios jubilatorios. En este momento, las circunstancias exigen estar muy atentos a lo que estas definiciones nacionales pueden acarrear”.
“Se sabe – profundizó la legisladora provincial – que se dieron fallos judiciales que para muchos ya representan un régimen jubilatorio de privilegio, porque fijaron haberes extraordinarios sin prever cómo pagarlos. El ejemplo más claro lo ha reveló el analista Alfredo Zaiat y se trata de un financista retirado quien a través de una sentencia de la Corte Suprema de diciembre de 2004, accedió a una actualización que este año le permite tener un haber de 329.579 pesos mensuales en bruto. Es decir, 6650 % por encima del haber mínimo, que es de 4.959 pesos. En la misma investigación se habla de más de 50.000 beneficiarios que cobran por encima del actual tope de 36.330 pesos”.
En ese marco, Bogado reflexionó: “Cae de maduro que si con la nueva ley se consolidan estas desproporciones, tarde o temprano se va a dejar en estado de insolvencia al sistema de reparto y solidario, diseñado originalmente en mantener ingresos similares a cuando esa persona estaba en actividad, concepto que dio nacimiento al 82 por ciento móvil, como meta de justo reconocimiento. Para quienes han creado este sistema y quienes lo hemos defendido en históricas jornadas de lucha, esto representa un modelo de vida, un modelo de país, pues nos entrelaza en un pacto intergeneracional cuya raíz esencial es la solidaridad y el respeto por cada trabajador cuando llega a la edad de acogerse a los beneficios jubilatorios”.
La legisladora reconoció que mantuvo diálogos “con los diputados nacionales que representan a nuestra provincia en el sentido de poner toda la atención en el proyecto de ley ómnibus porque si no se logra consolidar un sistema realmente riguroso en el abordaje financiero, de nada valdrán discursos altisonantes de inclusión social, cuando en los hechos la ley haga prevalecer el interés particular sobre lo colectivo, lo cual abrirá las puertas para regresar a un sistema privatizado con capitalización individual, que tanto hemos combatido. Si la norma que se sancione, finalmente promueva la declaración de la emergencia en los casos judiciales, el Estado pagará esas liquidaciones con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales, incluido en la misma Ley ómnibus”.
“Eso será también significará – remarcó – el inicio de una cuenta regresiva inexorable hacia el sistema de reparto de jubilaciones, pues aunque en un principio esto se pague con las utilidades del blanqueo y la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, no habrá una sostenibilidad posible en el tiempo y se llegará a desfinanciar todo el sistema”.
“Todos los trabajadores y las organizaciones sindicales no deberían mantenerse distraídos ante esta situación y por eso creo que debe lanzarse el alerta por las consecuencias que supone para los jubilados actuales, los futuros y sus grupos familiares”, aseveró finalmente la diputada Beatriz Bogado.
