El intendente Jorge Capitanich, afirmó que “no hay opinión unánime y de consenso” para resolver los problemas del transporte de pasajeros del Gran Resistencia por diferencias sobre tarifas, subsidios y costos que hay con empresarios del sector.
El transporte público de pasajeros en Resistencia y el Área Metropolitana “involucra a seis líneas urbanas y siete líneas interurbanas con un total de 23 recorridos”. “Eso implica la comercialización de un promedio de pasajeros de 4,3 a 5,2 millones de pasajes que se expenden por mes. Eso da cuenta de una cobertura muy importante del sistema”, señaló el intendente y agregó : que en general el monto de los subsidios es “cerca de 600 millones de pesos por año y cerca de 1.000 trabajadores”, lo que comprendería desde el boleto primario, secundario, terciario y universitario, hasta compensación tarifaria y otros componentes, más los recursos que se obtienen de la venta de boletos de pasajeros.
“El problema de agenda que se marcó con el gobierno de la provincia comprende tres puntos: el tema tarifas. Los transportistas consideran que es insuficiente y nosotros que es irreductible en función de la audiencia pública pero estamos evaluando este contexto”, remarcó Capitanich.
A esto sumó “el tema del anticipo de recursos para afrontar las erogaciones de mayo y en virtud de que al acuerdo salarial implica el cumplimiento a partir del cuarto mes del día hábil del mes subsiguiente al devengamiento del salario”.
“Y en tercer lugar el mecanismo de provisión de financiamiento para el medio aguinaldo. Eso es lo que se discutió en la reunión con el gobernador”, añadió.
El jefe comunal admitió que también “se trabajaron algunas cuestiones adicionales porque no hay una opinión unánime y de consenso” y consideró que para que esto “se encamine de manera razonable y permita la defensa de los intereses de los usuarios, respecto de garantizar la calidad de servicio hay que generar otras condiciones”.
Capitanich marcó que apunta a que todos los temas sean abordados tanto por el Concejo Municipal como por los ciudadanos en audiencias públicas que permitan esclarecer sobre un tema en el que la verdad sobre los costos nunca fue debidamente transparentada.
En ese sentido sostuvo que se está propiciando “una ordenanza ómnibus” que contemple, por un lado, el tema de la emergencia en el plazo que va desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha en virtud de que existía una cláusula de prórroga, en virtud de dictámenes preexistentes que nosotros no lo convalidamos”, tema que dijo está siendo analizado con los concejales.
Se trata de prórrogas de las concesiones que podrían de 36 meses más y con adendas en los respectivos contratos “para mejorar la calidad del servicio” a la vez que evitar que la litigiosidad entre las partes se incremente y que eso no ponga en peligro la prestación del servicio.
