El secretario de Derechos Humanos Juan Carlos Goya, acompañado de diputados y diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos, entregó a Procuraduría General, el pedido formal de desestimación en los juicios penales contra pueblos originarios. De esta forma se solicita a los fiscales que llevan adelante las causas, que dejen sin efecto aquellos procesos legales contra las comunidades aborígenes.
Esta medida fue alcanzada luego de que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y los fiscales y procuradores, junto con el Comité de Prevención de la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos, estudiaran el caso.
«Es un acontecimiento muy importante, que trasciende lo acontecido en el hecho en sí, es una propuesta de descriminalización de la protesta social y se trata de una clara posición del Estado chaqueño, en sus tres poderes, en favor de reparar los daños sufridos por la comunidad aborígenes en torno a la constitución de causas originadas en protestas sociales», manifestó Goya.
El funcionario ponderó la postura tomada por el gobernador Domingo Peppo de pedir la desestimación de dichas causas iniciada en febrero de 2014 y de «otorgar a los procuradores los elementos necesarios para plantear el cese de la acción penal que ponían en tela de juicio el honor de los pueblos originarios».
«Esto un aporte sustantivo a la convivencia de los argentinos porque estamos diciendo que desde aquí, marcamos la senda de los derechos en la Argentina. El trabajo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos del Chaco marca punta en el país, diciendo que no se puede perseguir penalmente a aquellos que pelean por sus derechos», finalizó Goya.
Compromiso de fiscales
Por su parte el procurador general adjunto Miguel Fonteina, explicó que el escrito presentado «otorga los basamento jurídico para que la fiscal de San Martín se abstenga de acusar y pueda articular los medios de solución para el conflicto», y continuó: «Por ende ya no habría interés en esta causa y entendemos que la juez tendría que resolver favorablemente en base a lo que pide el Estado y en beneficio a los pueblos originarios».
Desde Procuraduría se expedirán de forma inmediata hacia los juzgados a cargo de las causas «para el juez pueda determinar una resolución en un tiempo prudencial», manifestó Fonteina y enfatizó: «Este acto establece que hoy, entre los tres poderes del Estado determinamos que la provincia del Chaco presenta un hito y tenemos que enaltecer este hecho para no criminalizar las protestas sociales, y de esta forma entregar paz social y tranquilidad a la sociedad».
«Vienen a reivindicar desde el Poder Ejecutivo la no persecución de causas sobre pueblos originarios, es un trabajo articulado y en lo que a mí me atañe hay un compromiso de los fiscales de no continuar con el curso de la misma», concluyó Fonteina.
Velando por los derechos humanos
El subsecretario de Protección de los Derechos Humanos Néstor Omar Sotelo, detalló que estas causas se iniciaron en el 2014 al momento de despejar la ruta por una orden del Ejecutivo Provincial y la Legislatura chaqueña «tomó intervención en forma inmediata acompañando a los detenidos y velando porque esos derechos no sean avasallados».
Sotelo señaló que «desde la legislatura nos constituimos en fiscalía que lleva las causas hasta el día de hoy para cambiar las carátulas que habían formado cada uno de esos expedientes y que preveían penas que no condecían con la realidad del momento pero no pudimos trabajar sobre la contravención porque no había la anuencia del Poder Ejecutivo quien había dado la orden de desalojo provocando estas injusticias que tuvieron que pasar estas comunidades tan solo por ir a peticionar agua, comida y salud» agregó el funcionario».
En un trabajo articula con la Comisión de Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo, y la Secretaria de DDHH «aunamos esfuerzos para encontrar una salida política a este tipo de situaciones que estaban llevando mucha angustia a esas comunidades, estamos hablando de cerca de 300 personas que se veían afectadas por 46 expedientes que se iniciaron en ese momento y estaban pronto a ser llevados a juicio oral», expresó Sotelo.
Agotar las instancias de diálogo
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Orlado Charole, destacó que «la orientación que le da el gobernador Peppo de no coartar la liberta del derecho a reclamar es de trascendental importancia, más allá de las causas o de las imputaciones que se hacen a los procesados que para nosotros no ocurrió delito».
«Tenemos que resolver los conflictos sociales de otra forma, muchas veces termina en daños en los protestantes y en casos de violencia. Entonces hay que ser amplios en materia de derechos humanos para que no vuelva a ocurrir hechos como estos y buscar otros carriles que nos permitan resolver y triangular entre los tres poderes, las instancias de dialogo que permita superar determinados conflictos», concluyó Charole.
