Así lo confirmaron los diputados del interbloque Cambiemos, sobre la tarea que tiene la magistrada Rosalía Zozzoli en relación al intendente de Resistencia y el supuesto desvío de fondos provinciales a la Municipalidad de Resistencia.
Por estas horas los legisladores provinciales de Cambiemos, entre los que se encuentran algunos de la Unión Cívica Radical (UCR), deben estar de alguna manera festejando. Es que confirmaron recientemente que la investigación por el desvío de fondos del Chaco al municipio capitalino, que lleva adelante la Jueza Rosalía Beatriz Zózzoli y que involucra a Jorge Capitanich, sigue en marcha.
La investigación actual está enmarcada en la presentación que hizo Livio Gutierrez, que reza lo siguiente: “Gutiérrez, Livio Edgardo s/incumplimiento de los deberes de funcionario público”, Nº 7144/2016-1 (Registro del Equipo Fiscal Nº3), que se tramitan ante el Juzgado de Garantías Nº 3 a la Fiscalía de Investigación Nº3.
El objetivo de esa denuncia es que se realicen pesquisas y se analice de manera profunda las acciones realizadas por Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco y actual intendente de Resistencia, a quien acusan de entregar arbitrariamente $100 millones del Chaco para el municipio que encabeza ahora durante el último día de su gestión como titular del Ejecutivo chaqueño.
«Estos $100 millones supuestamente estaban destinados a optimizar prestaciones y servicios básicos destinados a los habitantes de la provincia», dijeron los diputados exponiendo la diferencia, por un lado entre la jurisdicción y recursos a nivel del Chaco y por el otro lo que atañe solamente a Resistencia.
«El convenio fue firmado el 4/12/2015 y el Decreto de transferencia de fondos firmado por Capitanich también tiene fecha 4, es algo imposible desde el punto de vista administrativo porque esas transferencias tienen un procedimiento interno dentro del Ministerio del Interior, y fueron girados en su totalidad al municipio de Resistencia el mismo día que tomaba posesión del cargo como intendente Jorge Capitanich el 10 de diciembre, la Ley 23.528 dice que los ATN son exclusivos para las provincias o Ciudad Buenos Aires», finalizaron los denunciantes.
