El inicio de la sesión en el Congreso de la Nación está pactado para las 13, con la lectura de un informe por parte de autoridades de Anses y de Afip, entre otros funcionarios. Buscarán agilizar el tema para poder aprobarlo el 15 de junio.
Momentos después del mediodía, los legisladores nacionales de la República Argentina iniciarán el debate correspon diente al proyecto propuesto por el Ejecutivo Nacional y que contempla una «reparación histórica» para jubilados y pensionados.
Las acciones comenzarán con un informe que presentarán, ante los diputados, los titulares de la Anses, Emilio Basavilbaso; de la AFIP, Alberto Abad; el viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y el secretario de coordinación interministerial, Mario Quintana.
La intención del oficialismo es discutir esta semana y la próxima la iniciativa a nivel de comisiones y emitir el dictamen correspondiente y poder sancionar este mega proyecto en una sesión que se realizará el 15 de junio, según informaron fuentes del interbloque Cambiemos.
Desde la coalición gubernamental se confía en contar con el respaldo de otras bancadas para poder sancionar el proyecto ya que Cambiemos sólo cuenta con unos 90 legisladores.
El oficialismo espera tener el respaldo del Frente Renovador y de diputados de un sector del peronismo que responda a los gobernadores.
En cambio, el oficialismo cree que no contará con el respaldo del cristinismo duro -donde milita la agrupación La Cámpora-, que rechaza la iniciativa con el argumento que se desfinanciará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y se opone a habilitar la posibilidad que el Estado se desprenda de algunas acciones en empresas privadas.
El proyecto, girado anoche por el gobierno nacional, establece la emergencia previsional en materia de litigiosidad por 3 años que se puede prorrogar por otros 3 años, con el fin de pagar sentencias judiciales y reajuste de haberes.
Para ello se crea el Programa Nacional de Reparación Histórico para Jubilados y Pensionados, que por medio de la Anses firmará acuerdos con cada beneficiario al cual le corresponda cobrar por tener una sentencia, que deberá ser homologado ante el Poder Judicial.
De acuerdo a la iniciativa, el pago se realizará mediante la cancelación del 50% de las deudas por juicios previsionales en una cuota y la otra mitad en doce cuotas trimestrales, las que serán actualizadas hasta la fecha de efectivo pago, con los mismos incrementos que se otorguen por movilidad.
Además establece que para el pago a los jubilados se dará prioridad a las personas mayores de ochenta (80) años y a aquellas que padezcan una enfermedad terminal.
Para pagar estas sentencias el gobierno utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino a cuyos efectos podrá disponerse la liquidación de activos, es decir las acciones en manos del Estado en empresas privadas.
Por otra parte, si los recursos del FGS no alcancen para pagar las sentencias o reajustes de haberes se podrán utilizar las partidas asignadas por el Presupuesto Nacional al pago de los juicios a los jubilados.
El proyecto ómnibus también contempla la creación de una pensión para la vejez destinada a los ciudadanos de 65 años que no tengan aportes al sistema previsional y con el fin que tengan un subsidio equivalente al 80% de la jubilación mínima
A lo largo del proyecto también se ratifica el acuerdo firmado entre las provincias, la ciudad de Buenos Aires, por el cual se devolverán a las provincias el 15% de la coparticipación que se le retenía para financiar el sistema jubilatorio.
En ese sentido, el proyecto fija que se cubrirá con recursos del tesoro nacional el importe equivalente a las sumas que se dejen de detraer como consecuencia de lo convenido en los acuerdos firmado entre la Nación y las provincias.
Además el proyecto enviado por el Gobierno establece un blanqueo de capitales y en ese sentido se establece que se cobrará un 10% a los bienes que se declaran hasta el 31 de diciembre de este año, y del 15% si se hace desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2017.
No podrán acceder al blanqueo de sus bienes los ex funcionarios que ocuparon cargos desde el 1° de enero del 2010 hasta la actualidad, entre los que figuran ex ministros del Poder Ejecutivo, embajadores, ex directivos de empresas públicas y de organismos de control, y personal de las fuerzas armadas.
