El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, presentó esta semana un urgimiento ante el Juzgado Federal, para pedir que se resuelva la medida cautelar que solicitó la Defensoría del Pueblo hace tres meses, pidiendo que se suspenda la aplicación del aumento del costo de las tarifas de peaje correspondiente al Corredor Vial N°6, que influye en los peajes ubicados en el Puente General Manuel Belgrano y en Makallé.
El ombudsman insiste en que se haga lugar a la medida cautelar innovativa, para que se suspenda la aplicación de la resolución 45/2016 dictada por el Ministerio de Transporte de la Nación y la Dirección Nacional de Vialidad, que autorizó el aumento del costo de las tarifas de los peajes mencionados.
Además, requiere que se retrotraigan las tarifas a los valores vigentes previos al dictado de dicha resolución, en virtud de que la misma viola derechos constitucionalmente amparados tales como el de transitar libremente, el de coherencia en el comportamiento administrativo y el hecho fundamental de no haber llevado a cabo la audiencia pública correspondiente, tal como indica la Carta Magna.
La Cámara Federal ya se expresó a favor de las audiencias públicas
En esa línea, Corregido adjuntó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones sobre el aumento en la tarifa de transporte interprovincial, en la cual el Tribunal exhorta la realización de una Audiencia Pública previa en la discusión de tarifas y a la vez deja sin efecto la resolución que autoriza el incremento de precio del boleto.
“En el caso del servicio de transporte Chaco – Corrientes, la Justicia ordenó suspender el aumento tarifario porque no se realizó previamente la consulta ciudadana tal como lo estipula la Constitución. Este es un caso similar y el juez debería respetar el criterio de la Cámara”, explicó el ombudsman.
Respecto de este tema, el defensor destaca a las audiencias públicas como instrumento hábil y útil para la formación de consenso de la opinión pública ciudadana. “Son necesarias para garantizar la participación de los usuarios en la toma de decisiones, más aún cuando éstas, tienen incidencia directa en sus intereses económicos”, concluyó.
