La denuncia fue presentada a principios de mayo por los diputados Martin Doñate y Rodolfo Tailhade en el Juzgado Federal 9. Lo acusan por un acuerdo con Chile con un precio que resulta un 53% más caro que el GNL que llega por barcos y un 128% más elevado que lo abonado por las importaciones provenientes de Bolivia.
Además, en esa presentación apuntaron en su contra por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública al «beneficiarse» con el tarifazo de gas, en virtud de que es accionista de la empresa Shell.
Según los denunciantes, la compra de gas a Chile se realizó «en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia». Y expresaron que puso «en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado por Shell), la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino».
La adquisición de gas a Chile también fue denunciada ayer por Fernando «Pino» Solanas, senador de Proyecto Sur, quien aseguró que fue «una compra directa ilegal con sobreprecios del 128%». «No es cierto que se haya vencido el acuerdo para comprarle gas más barato a Bolivia. En esta situación de tarifazo ¿cuál es la explicación para comprar sin licitación más caro en Chile?», se indignó en diálogo con radio Continental.
«La ley no permite la compra directa del Estado por más de $ 1,3 millones. Además, el contrato con las dos empresas chilenas tiene cláusulas secretas y jurisdicción legal en Nueva York. Me llamó Aranguren y le pedí que concurriera al Senado, todavía no me respondió», manifestó Solanas.
