La Juventud Sindical Unida (JSU) expresa su malestar y preocupación ante las políticas neoliberales que se están llevando adelante por parte del Gobierno Nacional, donde se está dejando de lado el rol social que debe tener un estado y profundizando políticas económicas que perjudican tanto al sector público como privado, siendo el sector de los jóvenes, uno de los más afectados.
Tampoco desconocemos que este plan económico, conformado por un conjunto de medidas antipopulares, perjudica a la clase trabajadora, porque no hay una política económica con una visión social, no se piensa en los que menos tienen y menos aún, en contener a los sectores más vulnerables.
Frente a esta grave realidad, que hasta a veces difícil de comprender, es que la juventud se une, se organiza y lucha, para protegernos y hacer valer nuestros derechos.
Estamos convencidos de la importancia de fortalecer la Unidad de los jóvenes, expresados en las centrales sindicales juveniles, en las agrupaciones y movimientos estudiantiles y políticos, para construir un plan de lucha conjunto de todos los trabajadores y estudiantes argentinos que siguen siendo los sujetos históricos de transformación.
Solicitamos al Gobierno Nacional que establezca políticas de empleo claras, donde la creación de empleo genuino y real, el mantenimiento de las fuentes de trabajo, la lucha contra el empleo no registrado sean políticas de Estado y no solo sean baches o discursos demagógicos.
Desde la JSU expresamos preocupación por el «Régimen de Promoción de Primer Empleo y de la formalización del trabajo» presentado por el Ejecutivo Nacional, proyecto que vamos a acompañar en tanto y en cuanto nuestras propuestas y opiniones sean tomadas en cuenta, queremos dar esa discusión, estamos convencidos de que es necesaria, porque nosotros como juventud sindical, queremos y creemos que nos corresponde formar parte de esa mesa donde en definitiva, se está hablando y negociando nuestro futuro.
En consecuencia, solicitamos en forma urgente la necesidad de colocar dentro de la agenda del gobierno, la obligación de promover el logro de un consenso y la participación democrática de los principales interlocutores presentes en el mundo del trabajo, donde nos encontremos sentados en una misma mesa tanto representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores debatiendo sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica y social.
