Con la reciente cita a indagatoria de Sergio y Pablo Schklender, junto a Julio De Vido, José López, y Hebe de Bonafini por Sueños Compartidos, el actual diputado Livio Gutiérrez, repasó su presentación al respecto, en su anterior periodo legislativo.
“La verdad que estamos relativamente conformes con el movimiento de la causa Schoklender, porque hasta el momento se manejó lentamente, precipitó los hechos la cuestión relativa a López; pero en lo personal junto al diputado Sergio Vallejos, ya en junio de 2011, presentamos documentación ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la Nación y ante los Tribunales Federales, en el marco del expediente Nº 6.204, que se tramita en el Juzgado a cargo del Dr. José Martínez de Giorgi”, recordó Gutiérrez.
Mostrando su satisfacción, expresó: “Cuando la mayoría de las actuaciones se sustanciaban en Oyarbide respecto a este tema, nuestro criterio fue aportar documental en el mencionado juzgado, respecto a la operatoria de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el gobierno del Chaco”.
El legislador sostuvo que en ese momento aportaron documental que acreditaba que la provincia del Chaco firmó con Sergio Schoklender un convenio para la constitución de un consorcio de cooperación. “La conformación de ese consorcio fue ratificada por decreto provincial Nº1507/10, mediante el cual se constituyó la Unidad Ejecutora de Programas Especiales (U.E.P.E), a los efectos de llevar adelante ese consorcio”, dijo.
Además, la documentación presenta copias de las planillas de la Tesorería Provincial, en las que figuran aportes de recursos propios de la cuenta de Fondo Sojero, para los hospitales que se construían por intermedio de la Fundación.
Luego de la presentación realizada los legisladores Gutiérrez y Vallejos fueron querellados por Jorge Capitanich, pero la justicia desestimó sus presentaciones. “La verdad es que a pesar de la lentitud quedó acreditado que se hicieron contrataciones que la justicia está determinando que merecen ser investigadas. Lo más grave a nuestro entender es que se habría violado las leyes y decretos de obra pública donde se prevén las licitaciones. Las contrataciones directas hoy están en mira judicial”, reflexionó Gutiérrez.
