En referencia al fallo de la jueza María Servini de Cubría, el diputado nacional Juan Manuel Pedrini aseguró que nuevamente la UCR “desinforma arteramente a la ciudadanía” al informar que Jorge Capitanich fue procesado por malversación de fondos públicos, en la causa judicial de Fútbol para Todos.
“En realidad, la acusación de la jueza Servini de Cubría fue por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, precisó el legislador nacional.
En esta línea, consideró que el pedido de renuncia que hacen “es absurdo”, ya que rige en Argentina el principio constitucional de inocencia. “Se trata de un nuevo desvarío político, producto de la fobia Anti-Coqui que les hace perder razón y decoro. Y máxime teniendo en cuenta que (Mauricio) Macri -su actual conducción política-, no sólo ejerció como diputado nacional y jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con varios procesamientos judiciales a cuestas, sino que además fue condenado por contrabando”, destacó el exministro de Gobierno del Chaco.
Pedrini explicó que el intendente Capitanich “no puede ni debe renunciar”, ya que fue electo para gobernar Resistencia por cuatro años y el Comité Provincial de la UCR -imagino- “no pretenderá atribuirse ni reemplazar la voluntad popular”. “En la causa que se lo procesa seguramente será absuelto, ya que tiene por origen un contrato entre el Gobierno Nacional y la AFA que heredó. El convenio es de 2009 y el asumió la Jefatura de Gabinete en 2013”, recordó.
El contrato por el fútbol
El objeto del contrato son los derechos televisivos del futbol argentino. El fin del gobierno al suscribirlo fue garantizar la accesibilidad universal y gratuita de todo el pueblo argentino a los partidos del fútbol argentino de distintas categorías. Para eso, la Jefatura de Gabinete pagaba un canon mensual. Una vez abonado los derechos de televisión y televisado los partidos en forma gratuita para todos los argentinos, el gobierno cumplía con su parte.
Desde el momento del pago, los recursos dejan de ser públicos para ser privados y lo que hacia la AFA con los recursos y su distribución entre clubes es responsabilidad de esta Asociación. “Es como si el Estado contratara el show de un determinado conjunto musical y luego de cobrar en efectivo el representante del conjunto no le pagara al transportista, ni al sonidista o si alguno de los integrantes del conjunto se quejara por que recibió cheques y no dinero en efectivo”, comparó el diputado nacional.
“Al intendente se lo acusa de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público por no haber controlado lo que hacia la AFA con el dinero. Esto es cómo lo distribuía a los clubes y si servía o no ese dinero para su saneamiento. En realidad, no era su responsabilidad, ya que la AFA no recibía un subsidio del Estado sino un pago puro y simple por la venta de derechos de televisión”, explicó el legislador.
Finalmente, consideró que sí era obligación del Estado controlar que una vez realizado el pago, el fútbol llegue al 100% de los argentinos en forma gratuita: “Eso se cumplía con creces”, dijo. Así concluyó: “Lo curioso de esta cuestión es que cambio el gobierno el contrato sigue vigente, sólo que la anterior gestión -hoy procesada-, gastaba 600 millones al año y la actual 1.500 millones al año para cumplir el mismo contrato con la AFA”.
