La menor es discapacitada y fue atacada por un grupo de hombres en tierras ancestrales de las comunidades Lhaka Honhat. No le practicaron anticoncepción de emergencia, quedó embarazada y el feto es anencefálico.
La niña vive junto a su familia wichí –madre, padre y nueve hermanos- en Alto de la Sierra, una localidad del norte de Salta que limita con Bolivia y Paraguay. Como otros dos de sus hermanos, sufre una discapacidad mental de la que no se tienen muchas precisiones, salvo que le genera convulsiones. En noviembre, con 12 años de edad, fue víctima de una violación colectiva por parte de ocho hombres ajenos a su comunidad indígena.
La niña, quien se encontraba internada en el Hospital Público Materno Infantil de la capital provincial, fue intervenida para interrumpir su embarazo de seis meses, ya que en el mes de mayo, cuando le hicieron la primera ecografía descubrieron que el feto era anencefálico y que no había posibilidades de que sobreviva.
El delegado provincial del Inadi y ex Defensor del Pueblo, Álvaro Ulloa señaló: “La denuncia que voy a presentar apunta a que se trató de una discriminación sistémica. No es que ‘alguien’ se equivocó. No hubo un error de un médico, o un error de un Ministerio. Hubo una política estatal que generó esta situación”. “Nunca fue al colegio, tampoco su madre. Viven a 70 kilómetros de Santa Victoria Oeste, que es el municipio de referencia. No tienen cloacas, ni agua potable. Es un lugar tremendamente pobre, con muy pocos puestos de trabajo y mucha asistencia social”, relató Ulloa.
El delegado del Inadi constató que la menor no recibía –a diferencia de sus otros dos hermanos- ningún tipo de pensión por discapacidad. Tampoco cobraba la Asignación Universal por Hijo, según Francisca, porque nadie de la Anses se acercó a su vivienda. En ese cuadro, después de hacer la denuncia en la policía y de que fuera enviada al hospital para una revisión médica, la niña y su familia no presentaron ninguna petición para que reciba anticoncepción de emergencia o que acceda al derecho al aborto no punible contemplado en el artículo 86 del Código Penal.
Esta práctica, aunque está mediada por un protocolo que en Salta es uno de los más obstaculizadores del país, contempla el derecho de las mujeres a acceder a un aborto cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre, en caso de violaciones, o cuando la mujer “es idiota o demente”.
“Los padres denuncian la violación, pero nunca más nadie se acercó. No tuvo ni tiene abogados, no accedió a la pastilla del día después, no la informaron sobre su derecho al aborto no punible, no le hicieron una cámara Gessel porque no había ningún traductor de wichí en toda la provincia… La salud pública no existió y el Estado tampoco”, explicó la abogada Mónica Menini, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.
Menini hizo una petición para poder representar a la menor, pero para lograr el poder necesita que el cacique de la comunidad dé su permiso. Quieren pedir el resarcimiento por el daño que sufrió: “El Estado debería haber actuado y no actuó, y ahora tiene que haber una reparación económica”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) presentaron el jueves una carta a las máximas autoridades del país en materia de Derechos Humanos, asuntos indígenas, y derechos de las mujeres para que intervengan en el caso.
Además de denunciar un desconocimiento de las obligaciones del Estado en materia de derecho a la salud, violencia de género, acceso al aborto y una total negación de justicia, el escrito presentado apunta al hecho de que el ataque ocurrió dentro del territorio ancestral de una comunidad indígena, por parte de un grupo de hombres ajenos a la misma.
