Un fiscal recogió datos a partir de una denuncia de Carrió por supuesto desvío de fondos extrapresupuestarios.
El ex gobernador Daniel Scioli podría seguir el mismo camino de Cristina Kirchner y quedar seriamente comprometido ante la Justicia por hechos de corrupción que se habrían registrado durante su gestión en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos figura la posible comisión del delito de lavado de activos a través de empresas fantasma y el manejo de cajas políticas en el ámbito de la Jefatura de Gabinete.
Anoche circuló la versión de que el mandatario provincial sería llamado a indagatoria, pero el fiscal que interviene en la investigación, Alvaro Garganta, salió públicamente a desmentir esa información. Sin embargo, Scioli está cada vez más comprometido dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Sucede que la Justicia avanza con dos causas que «se movieron» durante la feria judicial y que en las próximas horas podrían revelar algunos de los mecanismos que se habrían utilizado para llevar a cabo distintos fraudes en diversas dependencias durante la gestión de Scioli.
La investigación principal gira en torno de la denuncia que presentó la diputada Elisa Carrió el 2 de junio ante la Unidad Fiscal de Instrucción provincial N° 11, a cargo de Garganta. En esa denuncia la líder de la Coalición Cívica pidió que se investigue al ex gobernador por la posible comisión de los delitos de lavado de activos y otros fraudes contra el Estado bonaerense.
En su denuncia, Carrió pone énfasis en dos funcionarios bonaerenses y su estrecha relación con Scioli: menciona a Guillermo René Scarcella, que fue presidente de Aguas Bonaerense (ABSA) durante los ocho años, y se lo acusa de ser titular de varias sociedades anónimas dedicadas a la fabricación y cuidados de bolsos y valijas, al juego y a operaciones inmobiliarias. La legisladora le pidió a la fiscalía que investigue si esas empresas podrían haber sido usadas en algún circuito de lavado de dinero.
También Carrió pidió que se investigue el desempeño del ex jefe de Gabinete Alberto Pérez por el manejo de los fondos. «La jefatura de gabinete habría manejado dos tipos de partidas: las presupuestarias y las extrapresupuestarias o cuentas de terceros» que habrían funcionado como cajas.
El fiscal Garganta decidió tomar en serio la denuncia de Carrió y puso el foco en los gastos extrapresupuestarios realizados por la jefatura de Gabinete durante los últimos dos años de gestión (2014-2015). Por eso cursó pedidos al Tribunal de Cuentas para saber los detalles de gastos correspondientes en ciertas partidas presupuestarias con montos que parten de $ 45.000 y llegan hasta los $ 900.000.
Pero el fiscal no se quedó ahí. También solicitó una ampliación de información y solicitó los expedientes vinculados a la rendición de cuentas de 2008 a 2015.
La denuncia de Carrió también pedía indagar en otras reparticiones como la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, ABSA y en IOMA, la obra social de los empleados del Estado bonaerense. «El fiscal decidió abirir un expediente por cada una de esta reparticiones, para ver si efectivamente hubo maniobras de corrupción que incluirían estafas y sobreprecios», dijo un estrecho colaborador de Carrió.
Garganta le dijo ayer a este medio que en las próximas horas podría haber novedades en el caso, pero aseguró que espera la finalización de la feria judicial para poder seguir adelante.
Por cuerdas separadas, la causa que llegó al Tribunal de Casación y en la que Scioli resultó sobreseído en medio de la campaña electoral, ahora comienza a reactivarse. El abogado Marcelo Peña aseguró a LA NACION que realizará una ampliación de un recurso para que se profundice la investigación contra Scioli por enriquecimiento ilícito.
El letrado dijo que intentará demostrar por qué el juez Pablo Raele no debió sobreseer al ex mandatario bonaerense. «Hay elementos suficientes para avanzar en la investigación que jamás se hizo. Hay que pedir pequeños informes contables que no van a cerrar y la diferencia es calamitosa entre lo que se gastó y el resultado», dijo Peña.
