El diputado provincial Carlos Martínez anticipó que no apoyará el pedido del ejecutivo de restringir el derecho a huelga de los trabajadores estatales y fue más allá: «La solución pasa por revertir los graves problemas de gestión que afectan el derecho a la salud de la población y no el atajo fácil de buscar chivos expiatorios en los trabajadores”, puntualizó.
“Venimos advirtiendo hace mucho tiempo que el sistema de prestación del servicio de salud pública en el Chaco se encuentra en una crisis terminal que tiene que ver con un modelo de gestión, el de Capitanich, que estableció como prioridad absoluta la obra hospitalaria de los grandes palacios blancos en desmedro de la atención y formación del recurso profesional , la provisión de insumos y medicamentes y la atención primaria de la salud de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Los resultados están a la vista”, prosiguió Martínez, “ pero el gobierno actual, en vez de tomar la propuesta de la oposición de declarar la emergencia en el sistema de salud para reencausar el orden de prioridades de política pública sanitaria equivoca el camino promoviendo el tratamiento exprés de una iniciativa que no ha logrado sino rechazos y que solo agravará el cuadro de conflictividad en un sector ya de por sí colapsado”.
“No se puede mejorar lo que está mal sin una estrategia clara de cambio y vocación de diálogo y eso es difícil de ver hoy en una ministra del área de salud de quien dos directores de los principales hospitales de la provincia dijeron hace poco tiempo que no los recibió luego de dos meses de espera; si a esto le agregamos una escalada creciente de enfrentamiento con trabajadores y profesionales el panorama se presente verdaderamente preocupante para los intereses de la comunidad”.
“Conviene recordar que el gobierno, como sector patronal, hace tiempo que puede resolver, a través de la negociación colectiva con los representantes gremiales de los trabajadores estatales, la cuestión de los servicios mínimos en los hospitales, por supuesto que en los términos de lo establecido por la propia ley nacional 25877 y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, este último con jerarquía superior a las leyes nacionales en la materia”, finalizó el diputado.
