El ombudsman chaqueño, Gustavo Corregido, sostiene que “es indispensable que se dé cumplimiento al trámite previo una audiencia pública, donde los usuarios de la provincia sean escuchados y debidamente informados según lo prevé la Ley, para conocer cuáles son las razones, causas y motivos que justifiquen el aumento de tarifas por parte del Ministerio de Infraestructura de la Nación”.
Además recordó que en el amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de Chaco contra la cartera nacional, se requiere que la Nación establezca tarifas diferenciadas, teniendo en cuenta que los ciudadanos de nuestra provincia no cuentan con gas natural en red, lo que nos convierte en electrodependientes y remarca que “es injusto que se aplique ese tipo de aumentos en un marco de emergencia hídrica en la región y sin considerar condiciones particulares en referencia a las altas temperaturas en la zona”.
Así indicó que en la acción judicial también se incorpora como pretensión que se contemple con preferencia la situación de los usuarios del sudoeste del departamento Güemes y noreste del departamento Libertador Gral. San Martín, contemplados en la medida cautelar decretada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso la protección de los pueblos originarios radicados en la zona teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad.
