La Defensoría del Pueblo del Chaco adhirió al documento presentado por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (A.D.P.R.A.), donde los ombudsman del país se manifiestan en relación a los recientes anuncios oficiales, en torno al aumento tarifario en los servicios públicos por parte del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
En el mismo los defensores de Argentina reafirman la “solicitud de convocatoria a Audiencias Públicas previas al tratamiento de un nuevo Régimen Integral Tarifario, para el servicio público esencial de energía eléctrica, gas natural y agua. Ello en virtud de los derechos y garantías expresamente consagrados en la Constitución”.
Asimismo, insisten “en ampliar los términos actuales en torno al Régimen de Beneficiarios a la Tarifa Social en todos los servicios públicos, contemplando a los usuarios que pese a no encuadrar en las causales establecidas, su situación económica particular le impide afrontar el pago pleno de la tarifa”.
También solicitan una revisión en relación a las causales de exclusión. En este sentido, particularmente requieren que al momento de solicitud de ingreso al Registro, se efectivice la inclusión provisoria al mismo hasta su incorporación definitiva, procediéndose a la refacturación de la boleta de servicio emitida sin el mencionado beneficio, sin que ello implique el corte de suministro.
Plantean además nuevamente la imperiosa necesidad de que el Ministerio de Energía y Minería de la Nación proceda a la reglamentación de la Ley 27.218, la cual establece un Régimen Tarifario Específico en todos los servicios públicos esenciales a las Entidades de Bien Público, reconociéndoles a las mismas, el rol social que ocupan para la comunidad, ello muchas veces como consecuencia de la ausencia del propio Estado.
Por último, requieren que “al momento de la elaboración de un nuevo Régimen Integral Tarifario se contemple muy especialmente las economías regionales, la particularidades geográficas-climáticas del país, las zonas poblacionales en estado de vulnerabilidad social, las zonas que solamente cuentan con energía eléctrica y no con red de gas domiciliaria, y la situación que atraviesan las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), las cuales muchas de ellas se encuentran frente a la decisión límite de afrontar el pago de los servicios o despedir trabajadores”. Consecuentemente, solicitan para los mismos un Régimen Tarifario Promocional.
