La ciudad de Resistencia y el área metropolitana adquieren una complejidad creciente respecto a su problemática social en virtud de la concentración de la población urbana.
Resistencia posee 322.000 habitantes de acuerdo a las proyecciones cuantitativas existentes, pero la informalidad laboral afecta cerca de 50.000 personas que obtienen ingresos de una manera irregular e inestable, en muchos casos asociados como complemento de un ingreso fijo de carácter social.
Existen cerca de 3.000 familias que trabajan cotidianamente en actividades informales, que implican 15.000 habitantes por el número promedio de integrantes de la familia tipo. Estas familias trabajan con carros haciendo “changas” de distinta naturaleza (venta ambulante de frutas y verduras, recolección de papeles, metales, basura en general), trabajan en la venta callejera y ambulante de pollos, carne, comestibles en general y ropas y realizan obras de albañilería, jardinería y de oficios varios.
Tradicionalmente, estas familias obtienen ingresos de trabajos no calificados e informales con carácter irregular del flujo de dinero percibido. Por lo tanto, en épocas de alta inflación se licúan rápidamente sus ingresos afectando severamente su calidad de vida y se agudizan las restricciones en materia de gasto de las familias que implican deterioro en la alimentación, amén de otras cuestiones esenciales de su calidad de vida.
El Municipio de Resistencia ha desarrollado un programa de fortalecimiento de la economía social mediante la cual 52 cooperativas con 600 cooperativistas producen cestos de basura, tubos de alcantarillado, rampas para discapacitados, carteles de señalización vertical y otras acciones destinadas a producir bienes susceptibles de incrementar el capital social básico del patrimonio de la ciudad.
También hemos desarrollado iniciativas para potenciar 42 productores de hortalizas y verduras, para duplicar el flujo de abastecimiento de la demanda de alimentos de la ciudad conjuntamente con la realización de más de 20 ferias abiertas de comercialización de productos locales en diferentes centros comunitarios de la ciudad.
Pretendemos seguir incentivando la economía social a través del fortalecimiento del sistema cooperativo para brindar oportunidades en la producción de bienes integrando cadenas de valor para potenciar el empleo sustentable.
Lamentablemente, el gobierno nacional pretende anular la posibilidad del desarrollo de las cooperativas de viviendas, que permitió la construcción de casi 10000 viviendas y refacciones con esta operatoria dinamizando a más de 500 cooperativas con más de 6.000 empleos directos, logrando a través del programa Argentina Trabaja y Ellas Hacen el empleo de 10000 personas para satisfacer la vida digna de 50.000 personas.
Nosotros haremos el máximo esfuerzo para incentivar la economía social, pero la responsabilidad de la administración municipal es mínima.
El gobierno nacional redujo la inversión pública para la construcción de viviendas, promovió un sistema centralizado de contrataciones que excluye a las Pymes locales desplazando la generación de empleo como factor dinámico del crecimiento de la economía argentina.
Esta es una voz de alerta. Si no somos capaces de revitalizar la economía social, si no fortalecemos a las pequeñas y medianas empresas, si no advertimos respecto al peligro de la apertura irrestricta de importaciones y del sistema puerta a puerta, si no advertimos respecto a las consecuencias de la desindustrialización entonces no aprendimos la lección de la década del 90.
Cuando todo quiebre, cuando la desocupación sea inmanejable, cuando la situación social sea incontrolable será muy tarde para advertir y también para actuar.
Con mucha humildad, sugiero prestar atención al problema y la “temperatura social”.
Prevenir es mejor que curar.
