En comunicación telefonica, la responsable de prensa de la MOCASE Movimiento Campesino de Santiago del Estero Deolinda Carrizo, quien nos conto lo ocurrido horas antes, pero lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, la complicidad de la gestión de Zamora.
La justicia santiagueña para con los productores, siempre beneficiando a los grandes terratenientes y poderosos, que incluso les vendieron tierras al propietario de la gaseosa MANAOS con campesinos adentro que habitaban las tierras incluso algunos por más de 50 años, pero los más grave que llegaron al lugar con orden judicial un grupo de paramilitares, gente armada con acento porteño a desalojarlos e incluso insultarlos a los que están defendiendo a los pequeños campesinos.
La noticia tendría que recorrer los medios de prensa, pero es tapada por muchos, el gobierno no quiere reconocer que grupos armados, actúan con orden judicial contra grupos desarmados, desde nuestro medio pudimos ver lo que ocurrió con tiempo Argentino donde patotas ingresaron destruyendo todo , en la provincia del Santiago del Estero podemos ver que un grupo armado que se moviliza en camionetas 4 x 4 y vehículos de alta gama pero todos armados a la vista de mujeres y niños desaloja a campesinos, les quema las casa, envenena los pozos de agua, la justicia además ordena el desalojo, pero lo más grave que el Gobierno de Zamora hoy su esposa gobernadora vendió tierras a empresario de MANAOS con pequeños productores que habitaban las tierras desde hace más de 50 años, sin verificar el estado y sin darle respuesta alguna.
Deolinda nos decía: A 4 días del ataque de banda armada contra campesinos, jueza santiagueña mandó la patota judicial para desalojar a la comunidad e instalar a banda armada del empresario Orlando Canido.
Esperábamos que desde la justicia santiagueña se llegaran a realizar inspección ocular de los daños materiales sufridos por las familias de la Comunidad de Iaku Cachi: quema de viviendas, de corrales, bebederos, destrucción del pozo y envenenamiento del agua de consumo perpetrado por el mismo Orlando Canido y su banda armada el pasado sábado.
Sin embargo, en el mundo del revés, ésta mañana llegó la patota judicial encabezada por el oficial de justicia Héctor Raúl Rodriguez, con orden de la Jueza María L. Martinez Llanos, para desalojar a las familias de la comunidad y poner en “posesión a Orlando Canido” y a su banda armada compuesta entre 40 y 50 personas.
En este momento, las familias están en la calle con sus pertenencias y dentro del territorio se encuentra la banda armada amenazando que mataran a quien intente entrar, así sean niños. Uno de los sicarios gatilló contra compañero del MOCASE VC.
Responsabilizamos principalmente a la cómplice Jueza María Martinez Llanos por lo que pueda ocurrir con la vida de los niños, mujeres y hombres que defendemos el derecho a la vida, ya que sigue obsesionada con la cacería de campesinos indígenas para favorecer a los empresarios del agronegocio.
Exigimos inmediata intervención de la Justicia y del Estado ante este grave hecho que pone aún más en peligro la vida de nuestras familias. – Desarme y detención inmediata de la banda armada, como así también detención de Orlando Canido, Lachi Letonai, Adrían Corico, Tonio Leal y otros cómplices que en reiteradas veces han sido denunciados ante la justicia. restitución del territorio comunal de Iaku Cachi- Bajo Hondo.
Por Javier Insaurralde
