El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, recorrió la antigua sede del Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña junto a los delegados de UPCP, para conocer el estado actual de la institución donde se llevan a cabo medidas de fuerza por las condiciones edilicias y problemas con el personal. En el lugar comprobó falta de mantenimiento y otras falencias.
Corregido estuvo reunido con Gustavo Duarte y Rosa Vallejos, los delegados de UPCP con los que recorrió las instalaciones. Antes de la recorrida, el ombudsman estuvo en el Registro Civil N° 1 de la ciudad termal donde gestionó los trámites de DNI para integrantes de la comunidad aborigen del Barrio Toba, junto a la referente de la comunidad, Verónica Carmelo.
Al recorrer el hospital 4 de Junio, Corregido recibió el informe de que existe una tapa que rebalsa líquidos cloacales en el camino a la única cocina que actualmente funciona, ubicada en el antiguo edificio. Allí Mariana Gómez, encargada de ese sector, explicó que otro de problema es que la cámara donde se guardan los alimentos no genera la temperatura suficiente, además hay dos heladeras que no funcionan y faltan utensilios para cocinar. En cuanto al personal, indicó que trabajan en el área solamente dos empleados que cocinan para 300 personas por turnos y solamente hay una persona dedicada a la limpieza del lugar.
Al continuar el recorrido, en el sector del lavadero los empleados detallaron a Corregido que hay tres esterilizadores pero sólo funciona uno de ellos. Lo mismo sucede con cinco centrifugadores de los cuales andan tres y de siete lavadoras sólo cuatro están en marcha. En cuanto al personal, trabajan nueve personas, siete en el turno de la mañana y dos a la tarde. Además, explicaron que tanto la cocina como el lavadero del nuevo edificio tienen la instalación completa pero aún no están en funcionamiento.
En lo que respecta a medicamentos, Corregido informó que va a solicitar al servicio de Farmacia del hospital que detalle la lista de pedidos y especifique los medicamentos que recibieron en el último semestre.
Un caso particular
En la recorrida, el defensor también visitó la morgue del nosocomio, donde el encargado del lugar, Carlos Ramón Tríbolo, indicó que en la cámara de tres puertas sólo funciona una bandeja y el aire acondicionado no arranca desde hace tres años. También destacó que es el único empleado del sector desde hace 15 años y explicó que desde el 2014 no cobra su salario. En este sentido, los delegados de UPCP detallaron que más allá de los paros decretados por el gremio, en esa área mantienen hace tiempo una medida de fuerza sectorial por este caso particular que afronta el personal.
Tríbolo especificó a Corregido que inició su trabajo en ese sector 15 años atrás con un contrato de obra, luego obtuvo un contrato de servicio que caducó en diciembre de 2014 y desde ese mes no percibe su sueldo. A pesar de ello continúa cumpliendo con su horario de trabajo, registrando sus entradas y salidas en el lector digital del nosocomio y cuenta con certificaciones de los directivos, donde se detalla que cumple funciones en el lugar. A esto hay que agregar que es el único encargado de la morgue y está matriculado como tano esteticista (MP 6528).
El ombudsman escuchó la historia y se comprometió a encargarse personalmente de buscar una solución para la situación de Tríbolo y los demás inconvenientes que registró en el hospital.
Recorrida por el Registro Civil
Por otro lado Corregido también visitó la sede del Registro Civil N° 1 de Sáenz Peña, para continuar colaborando con las comunidades aborígenes del barrio Toba de Sáenz Peña con el objetivo de que obtengan su DNI. En ese marco, dialogó con la directora Roxana Carballo, quién informó que durante el día se habían presentado funcionarios judiciales en la sede, para controlar que se cumplan con las guardias mínimas, tal como lo ordenó la Justicia a raíz de la medida cautelar presentada por el defensor.
Carballo detalló a Corregido que durante el jueves 7 de julio se registraron en el lugar 25 nacimientos, de los cuales diez eran de parajes cercanos y presentaron sus actas. Hubo cinco uniones convivencial, un matrimonio y 83 trámites de DNI, entre ellos diez que correspondían a integrantes de la comunidad aborigen, que fueron gestionados por la Defensoría del Pueblo. Además, se entregaron alrededor de 90 actas.
“Buscamos estar cerca de la comunidad y de los trabajadores, para controlar que no se avasalle ningún derecho, por eso ponemos atención en el rol del Estado, que debe cumplir con sus obligaciones para que estos conflictos se solucionen. Por ello vamos a remitir los informes correspondientes a los fines de buscar una solución que beneficie a los chaqueños”, concluyó Corregido.
