El diputado Ricardo Sánchez, consideró que la Legislatura “no puede quedarse se brazos cruzados” ante situaciones como las que se viven en estos sectores, por lo que adelantó que buscarán modificar la legislación vigente para dotar a la Dirección Provincial de Trabajo de las herramientas necesarias para dar respuestas concretas y eficientes ante conflictos como los vigentes.
“No queremos cercenar el derecho a huelga, pero por justo que sea un reclamo no puede perjudicar a quienes necesitan atención médica o hacer trámites como anotar a los hijos o gestionar un pasaporte”, consideró.
“La decisión del juez Jorge Sinkovich haciendo lugar a la medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo, abre el debate respecto de hasta dónde tienen facultades los trabajadores cuando se trata de medidas de fuerza en servicios públicos esenciales”, analizó el legislador.
“Este es un viejo debate que hoy cobra actualidad, atento a algunos excesos detectados en medidas de acción directa implementadas por estas horas en casos puntuales como el hospital Pediátrico donde se llegó a cerrar puertas con candados, dejando salir a la gente pero no volver a entrar; sólo por poner un ejemplo”, agregó.
Sánchez entendió que “estos son excesos ante los cuales la Legislatura no puede ser un mero espectador porque, a caballo de un reclamo que puede ser justo, se esconde la gran injusticia que sufren miles y miles de ciudadanos por medidas de fuerza casi extorsivas”.
“Cuando se trata de servicios públicos, debemos darle al organismo laboral las máximas facultades para intervenir y garantizar la prestación de estos servicios, más allá de los reclamos que puedan realizar los trabajadores”, indicó y agregó: “La inscripción de nacimientos y defunciones o el retiro de un DNI o un pasaporte son cuestiones que no pueden estar sujetas a un pedido de incremento salarial; y mucho menos puede estar atado a un reclamo el acceso a la salud”.
En consecuencia, Sánchez hizo un llamado a la reflexión a todos los sectores sindicales y aclaró que “en modo alguno se quiere cercenar el derecho de huelga, que está garantizado en la Constitución; pero sí, como todo derechos debe ajustarse a normas y a reglas que intentaremos modificar desde la Legislatura”.
“Hoy la Justicia, a través de esta cautelar nos empieza a mostrar el camino y nosotros, como Legisladores, debemos avanzar con normas que permitan darle tranquilidad al más de millón de chaqueños que habitamos esta provincia”, concluyó.
