El ministro de Energía, Juan José Aranguren, defendió en el Congreso la decisión del Gobierno de aplicar incrementos en las facturas de luz y gas y reivindicó la facultad del Poder Ejecutivo de fijar los precios mayoristas del gas y la energía eléctrica sin necesidad de audiencias. Criticó la gestión kirchnerista al señalar que el gobierno recibió un país que «pasó de tener energía exportable, abundante y barata a escasa, importada y cara» y justificó los cuestionados aumentos tarifarios que dispuso este año.
«Está en la ley de emergencia económica», recalcó Aranguren en varias ocasiones. En cambio, para las tarifas -lo que le cobran las empresas distribuidoras de gas y luz a los clientes- aceptó que es necesario un proceso de revisión integral de tarifas (RTI), que incluye el proceso de audiencia pública, que se desarrollará desde octubre.
En la exposición que hizo en el Congreso, el grupo de legisladores del Frente para la Victoria y afines fue el más numeroso, ruidoso y con gritos en medio de las exposiciones de otros legisladores. «Como la única verdad es la realidad, la realidad es que nosotros hemos recibido un país que en estos últimos 12 años pasó de tener energía exportable, abundante y barata a escasa, importada y cara», afirmó el funcionario, quien tras parafrasear a Juan Domingo Péron recibió aplausos irónicos de diputados de extracción justicialista.
Aranguren señaló que su gestión arrancó en el «marco de atraso tarifario tanto en gas natural como en electricidad» y para eso señaló que en los últimos 12 años «el crecimiento del tipo de cambio fue de alrededor de 1040 por ciento; la inflación acumulada oficial, del 1.400 por ciento, el índice de salarios, del 1670 por ciento», mientras que las tarifas no acompañaron tales aumentos.
El ministro señaló que el ámbito de las audiencias públicas será propicio para una discusión más amplia sobre las tarifas. «La revisión tarifaria integral que no se ha hecho en 16 años para gas es la oportunidad para discutir las inversiones en calidad de servicio (…) para que las empresas puedan tener más clientes», agregó.
La diputada Graciela Caamaño, del Frente Renovador, cuestionó la facultad del Estado de fijar los precios mayoristas de gas en boca de pozo y generación eléctrica. Aranguren le dijo que esa facultad estaba en la ley de emergencia económica -tras la salida de la convertibilidad- y que había un decreto complementario, rubricado por esa misma legisladora en su época de funcionaria gubernamental.
«El mercado se hace de la oferta de múltiples oferentes», le marcó Aranguren a los legisladores. «El costo del gas y petróleo en boca de pozo o lo define el mercado o el Estado (…) El precio lo determina el mercado, con las restricciones de la ley de emergencia económica», recordó. Los diputados de la oposición prefieren un precio político de los servicios, más allá del costo fiscal de esa medida, según se desprende de sus manifestaciones.
En 2015, el Estado Nacional subsidió en $ 140.000 millones a las facturas de gas y luz. «Los subsidios generan inflación», especificó Aranguren. «Con el modelo que veníamos, tuvimos que importar un 25% del gas en invierno», se despegó el ministro. «Somos dependientes de la energía externa. Creo que deberíamos plantear que podemos hacer para que haya inversiones», destacó.
El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, es considerado el responsable de la crisis energética actual por el Gobierno. Su política condujo a que el país perdiera el autoabastecimiento energético, se importarán hasta US$ 13.000 millones anuales en energía (como pasó en 2013) y que los cortes de luz crecieran en frecuencia y duración. De Vido es diputado y presidente de la Comisión de Energía, pero prefirió no asistir al debate.
Durante los gobiernos kirchneristas, la inflación superó el 1.400%. Pero la luz en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano subió 40% y el gas 200%, según Aranguren. En las provincias, la luz se cobraba entre 5 y 7 veces más que en Buenos Aires. Tras las subas aplicadas por el Gobierno, los clientes (hogares y comercios) iban a terminar pagando un 30% del costo de la energía eléctrica. El resto sería subsidio del Estado nacional. Antes de los aumentos, las personas pagaban solo un 11% del costo eléctrico.
«Estamos a la espera de una decisión de un recurso extraordinario que presentamos frente a un fallo que consideramos no conforme a derecho»
A la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que convalide el camino legal elegido por el Gobierno, Aranguren enfatizó que «tenemos claridad y certeza que lo que le conviene al país es implementar el plan A». Aunque existe un plan «B», el funcionario no se explayó al respecto.
